Más del 57 % de todos los locales educativos públicos ubicados en las zonas rurales de Perú requiere una sustitución total, una condición que afecta al 18 % de los que se encuentran en las zonas urbanas del país, reveló este lunes la asociación Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).
Con motivo del Día del Maestro, que se conmemoró este lunes en Perú, la asociación señaló en un comunicado que en las zonas rurales «al menos el 70 % del área techada presenta un riesgo muy alto de colapso, por lo que las edificaciones deben ser demolidas y reemplazadas por infraestructura nueva».
Precisó que la región con mayor proporción de locales en necesidad de sustitución total es la norteña de Cajamarca, donde esa cifra alcanza al 63,6 %, seguida por la sureña de Puno, con un 59,6 %.
La situación es diferente en la amazónica de Madre de Dios, donde el problema afecta al 15,3 % de las escuelas rurales, y en la norteña de Tumbes, fronteriza con Ecuador, donde llega al 20,5 %.
La infraestructura tiene un impacto directo en el día a día de las clases. Un maestro no puede concentrarse únicamente en el dictado de material ni mantener motivados a sus alumnos si el aula no cuenta con las condiciones básicas de comodidad y seguridad para trabajar», remarcó al respecto Franco Saito, economista de Redes.
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En cuanto a acceso a servicios básicos, la asociación indicó que las diferencias a nivel nacional «también son marcadas», ya que Lima y Callao registran cerca de un 90 % de locales educativos con agua, alcantarillado y electricidad conectados a la red pública, mientras que en las amazónicas Loreto y Ucayali ese acceso llega apenas al 6 % y al 8,6 %, respectivamente.
Redes remarcó que, en conjunto, 18 de las 25 regiones del país «no logran proveer el paquete de servicios completos a la mitad de sus instituciones educativas».
La organización también informó que en Perú hay 570.408 personas que se dedican a la enseñanza básica pública y privada, de las cuales 552.948 enseñan en el sistema básico regular de inicial, primaria y secundaria.
Otras 12.804 enseñan en el sistema alternativo, dirigido a personas de 14 años a más, que no pudieron acceder o completar la educación formal, mientras que 4.656 trabajan en el sistema básico especial, que atiende a niños y adolescentes con discapacidad leve o moderada.
Saito remarcó que «la evidencia internacional es contundente», ya que un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló que «contar con maestros mejor capacitados y más productivos permite aumentar las notas de los estudiantes en un 5,1 % y elevar en un 9,3 % sus años de escolaridad».
Invertir en el docente es, por lo tanto, una vía eficiente para asegurar el desarrollo del alumno», concluyó.
