La defensa de un grupo de exguerrilleros salvadoreños pidió este jueves a un tribunal que ponga fin al proceso penal por terrorismo que enfrentan sus defendidos, por supuestamente preparar atentados que tendrían lugar durante la toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele.
La Fiscalía acusa a esta decena de exguerrilleros, arrestados a finales de mayo de 2024, de los delitos de pertenecer a organizaciones terroristas y actos terroristas por supuestamente preparar atentados en el contexto de la toma de posesión del segundo mandato consecutivo de Bukele.
Es un caso en el cual no hay elementos probatorios robustos ni suficientes para poder condenarlos, por lo que hemos solicitado el sobreseimiento definitivo de todos ellos», al tribunal de la causa, que aún no llega a la etapa de juicio, explicó a los periodistas el abogado defensor, Luis Rivera.
Su colega Guillermo García apuntó que la defensa está «demostrando con prueba documental y testimonial» que los exguerrilleros «son inocentes».
Esperamos que la jueza valore los elementos probatorios, sobre todo los de descargo, porque los elementos que ha presentado la Fiscalía no llenan los requisitos legales, no tienen fundamento jurídico ni fáctico para seguir manteniendo en prisión», y de manera «injusta» a los señalados.
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De acuerdo con reportes de la prensa local, los detenidos son José Santos Melara, Atilio Montalvo, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar.
En enero de 2024, un conglomerado de organizaciones de veteranos de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y de exguerrilleros retiraron su apoyo a Bukele para los comicios del 4 de febrero, en los que finalmente ganó la reelección, tras señalar un incumplimiento por parte del mandatario de un acuerdo firmado en 2018.
En El Salvador, de acuerdo con diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales, han tenido que salir al exilio unos 130 activistas, abogados y periodistas por el acoso policial y judicial que enfrentan por ser voces críticas del Gobierno del presidente Bukele.
La mayoría de salidas se dieron después de la detención de defensores de derechos humanos en 2025.
