La crisis carcelaria en Ecuador impacta de manera desproporcionada a las mujeres familiares de presos, quienes sufren una «pena extendida» al asumir la mayor parte de la carga económica y de cuidados derivada del encarcelamiento, además de enfrentar estigmatización y violencia.
Así lo detalla el informe ‘Sostener la vida dentro y fuera de las cárceles’, elaborado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), con el apoyo de la Organización Mundial Contra la Tortura, entre otros, y presentado este viernes en Guayaquil.
El documento señala que Ecuador atraviesa desde 2018 la peor crisis carcelaria de su historia reciente, con las prisiones convertidas en escenarios de «masacres, torturas, hacinamiento extremo, militarización y abandono estatal».
La crisis «no se limita al sistema penitenciario», sino que se «extiende extramuros» y afecta de forma directa a las familias, especialmente a las mujeres, que viven con la «incertidumbre constante sobre el paradero, la salud y la vida de sus seres queridos».
En los últimos años hemos hablado de la crisis en las prisiones, pero muy poco se habla de ellas, que son la cara invisible del real sostenimiento del sistema carcelario», dijo a EFE Marilyn Urresto, investigadora del CDH.
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El informe señala que son las mujeres quienes terminan «proveyendo a sus seres queridos de bienes básicos indispensables para la subsistencia: alimentos, medicinas, artículos de higiene y otros insumos que el Estado debería garantizar, pero que son negados o condicionados».
Esta investigación recopiló más de 200 casos de familiares de presos que acudieron al CDH en busca de atención legal o psicosocial. El 97 % son mujeres que tenían a hijos, hermanos, parejas y otros parientes encarcelados, principalmente en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande y peligrosa del país andino, ubicada en Guayaquil.
En esa cárcel, las disputas entre bandas rivales han dejado cientos de asesinados en los últimos años y, solo en 2025, más de 500 personas murieron a causa de enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición.
El estudio señala que las mujeres suelen gastar más de 200 dólares mensuales en extorsiones para asegurar alimentación o condiciones mínimas de protección de sus seres queridos, mientras asumen una mayor carga de cuidados no remunerados y otras tareas, como trámites, seguimiento de procesos y búsqueda de información, que dificultan mantener trabajos formales, lo que las hunde en la precariedad.
La extensión de la pena aparece con claridad en testimonios donde las mujeres se describen como ‘otra presa’, no dentro de la Penitenciaría, sino afuera, permaneciendo en los alrededores para intentar obtener noticias», se añade en el informe.
Además, enfrentan requisas degradantes, arbitrariedades, maltrato y «son sometidas al cateo (cacheo) íntimo como forma de tortura», según se denunció en la presentación del informe, donde también hubo una exposición de fotografías que mostraba la lucha de estas mujeres en los últimos años.
Me he sentido discriminada muchas veces, porque cuando un familiar entra a la cárcel, a quien juzgan también es a la madre. Sobre nosotras cae la responsabilidad de no haber criado bien a un hijo», dice una de las entrevistadas en el estudio.
La investigación asegura que esta situación constituye una forma de violencia de género porque reproduce mandatos históricos de cuidado, intensifica la sobrecarga no remunerada y expone a las mujeres a prácticas humillantes, extorsivas y degradantes vinculadas al mantenimiento del vínculo familiar.
La cárcel, en este sentido, no solo produce violencia intramuros; redistribuye el daño hacia mujeres empobrecidas que sostienen la vida en condiciones de precariedad, estigmatización y riesgo», concluye el documento.
