Defensores de derechos humanos de Ecuador pidieron este lunes a la Organización de Estados Americanos (OEA) evaluar la activación de la Carta Democrática Interamericana, al considerar que la reciente suspensión del partido que iba a cobijar al correísmo en los próximos comicios locales y otras decisiones judiciales y electorales afectan la participación política de la oposición.
La eliminación del régimen plural de partidos constituye una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático», señalaron en un comunicado una treintena de organizaciones reunidas en la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador.
El pasado viernes, un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió por nueve meses al movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), que había elegido como candidatos a las principales figuras del partido Revolución Ciudadana (RC), del expresidente Rafael Correa (2007-2017), inhabilitado también a pedido de la Fiscalía.
El magistrado tomó esa decisión tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que le informaba de la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de activos; la misma razón por la que otro juez suspendió a la RC en marzo pasado.
La sucesión y oportunidad de estas decisiones profundizan las preocupaciones sobre el uso de la justicia electoral para restringir la competencia política y reducir, por vías administrativas y jurisdiccionales, las opciones disponibles para el electorado», señalaron las organizaciones.
Las organizaciones también denunciaron que Ecuador vive una «deriva autoritaria», pese a que en noviembre pasado los ciudadanos rechazaron en las urnas la propuesta del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna «garantista, democrática y participativa» que rige en el país.
La Alianza afirmó que la suspensión de Amigo no es un «caso aislado», sino que es parte de un «patrón de estigmatización, judicialización y exclusión de actores políticos opositores» que supuestamente se ha registrado desde que Noboa llegó al poder en 2023.
Las organizaciones también solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a las relatorías pertinentes que mantengan «una vigilancia activa sobre la situación ecuatoriana», que pidan información al Estado y adopten «medidas de prevención frente a posibles nuevas restricciones de derechos políticos, actos de hostigamiento o represalias contra quienes denuncian el deterioro democrático».
Asimismo, instaron a las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea a «evaluar si, en las condiciones descritas, los comicios del 29 de noviembre pueden calificarse como elecciones libres, justas y competitivas».