Al menos 2.647 estudiantes y personal educativo están expuestos diariamente a metales pesados en escuelas en zonas mineras de Perú, donde se registran niveles que exceden estándares de calidad ambiental, según reveló el Consejo de Salud Ambiental (CSA), difundido el miércoles.
El estudio de esta ONG, realizado entre 2019 y 2025, muestra una alta contaminación por metales pesados en los suelos de escuelas ubicadas en zonas andinas de regiones históricamente mineras, como Huancavelica, Lima, Áncash, Cajamarca y Junín, ubicadas en el centro y norte del país.
En esas zonas, la exposición a los metales pesados recae en colegios construidos sobre antiguos ingenios (procesadores de minerales) de plata y oro, en los que hubo hornos de refinación de cinabrio, la materia prima utilizada para extraer el mercurio.
El informe presenta el caso de 39 escuelas, cuyos suelos muestran niveles de arsénico, plomo y mercurio que exceden los Estándares de Calidad Ambiental del Perú (ECA).
El presidente del Consejo de Salud Ambiental, Nicholas Robins, enfatizó que, en algunos casos, la contaminación se detectó adyacente a los terrenos escolares, lo que sugiere la necesidad de evaluaciones adicionales y tomar acciones inmediatas para disminuir o atenuar el riesgo para los estudiantes y el personal.
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Para el epidemiólogo Enrique Ecos es «sumamente preocupante» la exposición a metales pesados en áreas educativas debido a su capacidad de bioacumulación en el cuerpo humano, afectando principalmente el sistema nervioso.
Estos metales son difíciles de eliminar, lo que representa un riesgo a largo plazo, especialmente para niños y mujeres embarazadas, quienes son más vulnerables. La intoxicación por estos metales puede no ser evidente de inmediato, ya que los efectos pueden manifestarse después de una exposición prolongada», agregó Ecos.
El Consejo de Salud Ambiental denuncia que, por ejemplo, en una de las escuelas, ubicada en Áncash, el Estado no ha llevado a cabo ninguna acción concreta para proteger la salud de las poblaciones afectadas, a pesar de la declaración de emergencia y los mandatos judiciales, lo que refleja «una responsabilidad administrativa grave» para las autoridades.
También destacó que la situación es especialmente alarmante en regiones con altos niveles de pobreza y desigualdad social, como el departamento de Huancavelica, donde, en diciembre de 2023, un juzgado ordenó al Gobierno declarar la emergencia debido a la contaminación por mercurio, plomo y arsénico, en respuesta a las acciones legales emprendidas por el CSA.
