El Gobierno brasileño aprobó este jueves una profunda reforma en la comercialización del gas natural perteneciente al Estado, con la que prevé reducir al menos un 50 % el precio del combustible suministrado a la industria, aumentar la competitividad del sector manufacturero y estimular nuevas inversiones.

La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), que autorizó a la estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) a vender directamente en el mercado libre, mediante subastas, la parte del gas natural que le corresponde en los contratos de producción compartida con diferentes petroleras.

En los contratos de producción compartida, en su mayoría suscritos por la gigante Petrobras, las petroleras asumen los derechos para explotar áreas con enormes reservas ya probadas a cambio de entregarle un porcentaje de su producción al Estado brasileño, representado por la PPSA.

Hasta ahora, el volumen que las petroleras le entregaban a la PPSA era vendido de forma exclusiva a Petrobras, que posteriormente lo revendía al mercado.

Según el Ministerio de Minas y Energía, la nueva política permitirá que el gas del Estado llegue directamente a la industria a un precio cercano a los 5 dólares por millón de BTU, frente a los aproximadamente 12 dólares por millón de BTU que paga actualmente el mercado brasileño por ese mismo gas.

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La reestructuración rompe un modelo concentrado de comercialización y permitirá ofrecer un insumo estratégico a un precio mucho más competitivo para la industria nacional», afirmó el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, en un comunicado divulgado por su cartera.

La resolución también autorizó la realización de las primeras subastas este mismo año.

El plan contempla licitaciones de corto plazo entre 2026 y 2030 y contratos de largo plazo a partir de 2030, con el objetivo de dar previsibilidad tanto a los productores como a los consumidores industriales.

El Gobierno determinó, además, que el gas comercializado por el Estado tenga como destino prioritario los sectores industriales de uso intensivo del combustible, entre ellos las industrias química, petroquímica, de fertilizantes y siderúrgica, aunque la asignación final dependerá de las condiciones de cada proceso de comercialización.

La medida forma parte de la estrategia del Ejecutivo para aumentar la oferta de gas natural, ampliar la competencia y reducir la fuerte concentración existente en el mercado brasileño, históricamente dominado por Petrobras.

El Ministerio de Minas y Energía explicó que la nueva política se ajusta a los objetivos establecidos por la Ley del Gas, aprobada en 2021 y que creó un nuevo marco regulador para fomentar la competencia y facilitar el acceso a las infraestructuras de transporte y procesamiento del combustible.

De acuerdo con estudios de la Empresa de Pesquisa Energética citados por la cartera, la nueva política, combinada con otras medidas que prepara la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) para ampliar el acceso a las infraestructuras y desconcentrar el mercado, puede generar inversiones por unos 66.000 millones de reales (12.993 millones de dólares).

Representantes del sector industrial han reivindicado durante años una reducción del precio del gas natural, al considerar que Brasil paga uno de los valores más elevados entre las grandes economías, lo que reduce la competitividad de industrias intensivas en energía frente a competidores internacionales.

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