La Justicia de Bolivia ordenó este viernes la detención domiciliaria del exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, dentro de una investigación por la venta de gasolina en mal estado que generó, hasta finales de junio, más de 70.000 reclamos de usuarios que reportaron daños en sus vehículos.
El abogado defensor de Medinaceli, José Uriarte, confirmó a los medios que el Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz, en una audiencia de medidas cautelares, determinó «la detención domiciliaria» del exministro «a través del sistema ROMA-ARGO (Arraigo y Georreferenciación de Obligaciones Cautelares)».
Medinaceli también tendrá que pagar «una fianza de 100.000 bolivianos» (unos 8.230 dólares al tipo de cambio actual); deberá presentarse ante el Ministerio Público una vez por semana y tiene prohibido acercarse «a las instituciones que se encuentran involucradas» o contactarse con otros involucrados en el proceso, detalló el letrado.
El juez de la causa ha decidido mantener la probabilidad de la autoría, pero haremos valer nuestros argumentos en la apelación», afirmó el abogado y agregó que el exministro se declaró «inocente» en la audiencia.
Medinaceli fue aprehendido el pasado martes y permanece desde entonces en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en La Paz, acusado por la Fiscalía por los supuestos delitos de «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica».
El caso fue abierto por una denuncia presentada por la diputada de la fuerza opositora Libre Lissa Claros, que también incluye como denunciantes a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Viceministerio de Transparencia y Seguridad Jurídica.
Medinaceli fue ministro desde el 9 de noviembre de 2025 hasta el 22 de abril pasado, cuando fue reemplazado por el hasta entonces viceministro de Electricidad, Marcelo Blanco.
Esta semana, una comisión de la Cámara de Diputados presentó un informe que estableció supuestas responsabilidades de YPFB, la ANH y el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) en la adquisición de combustible de mala calidad.
En febrero pasado, YPFB indicó que se hallaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento de gasolina, lo que supuestamente generó un desbalance en la composición del combustible.
El Gobierno de Rodrigo Paz habilitó un sistema de compensación para atender los posibles daños en el parque automotor por la gasolina «desestabilizada», pero su eficiencia fue cuestionada, sobre todo por los sindicatos de transportistas, que realizaron huelgas en varias ocasiones.
Ante esto, YPFB asumió otras medidas, como mayores controles en la cadena de distribución, la limpieza de los tanques de almacenamiento y la elevación de los parámetros de calidad para los proveedores.
El Ejecutivo también dijo que el problema se debió a un asunto «heredado» del anterior Gobierno, que no se presentó en todo el país y que se trató de un «boicot» a su gestión.