San Salvador.- La cifra de las personas fallecidas en las cárceles de El Salvador tras su detención durante la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, se elevó al menos a 554, según registros de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) compartidos este lunes.
Señalamientos de Socorro Jurídico
La ONG confirmó el número de fallecidos y señaló que se trata de «personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud».
Socorro Jurídico reiteró que «el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad, sin haber sido vencidas en juicio».
La organización, que surgió en el marco del régimen de excepción para dar asesoría legal a los familiares de personas detenidas, también subrayó que la cifra real de muertes podría superar el millar, enfrentando un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos.
Régimen de excepción y denuncias
Por el momento, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado al respecto ni ha reaccionado ante dicha situación.
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El régimen de excepción, cuestionado por activistas y ONG de derechos humanos nacionales y extranjeras, suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa o la inviolabilidad de las comunicaciones y ha dejado más de 92.480 detenidos que la Administración de Bukele acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas.
Esta disposición, renovada en 53 ocasiones, se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional en ese momento, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.
El régimen de excepción en El Salvador fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana en el que el país registró una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.
- La medida, impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, suspendió varias garantías constitucionales, entre ellas el derecho de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y algunas garantías relacionadas con la detención y la defensa judicial.
- Desde entonces, el régimen ha sido prorrogado de forma consecutiva y se ha convertido en el principal eje de la estrategia gubernamental contra las estructuras criminales.
Bajo esta política, las autoridades reportan más de 92,000 detenciones de presuntos integrantes o colaboradores de pandillas. El Gobierno sostiene que estas acciones han permitido reducir drásticamente los homicidios y recuperar el control de comunidades antes dominadas por grupos criminales, lo que ha contribuido a mantener altos niveles de aprobación para la administración de Bukele.
Sin embargo, el régimen ha sido objeto de constantes cuestionamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
