Miles de personas se concentraron este jueves en la Plaza de la Democracia para expresar su apoyo al Poder Judicial y a la democracia en Costa Rica, en medio de un conflicto abierto en el que el Gobierno ha tildado a algunos magistrados como «golpistas» y ha lanzado constantes críticas a jueces y fiscales.
- Con pancartas a favor de la democracia y el estado de derecho, y con cánticos en contra del Gobierno, estudiantes universitarios, sindicalistas, líderes políticos y ciudadanos en general se concentraron en un plantón que tuvo como objetivo expresar el apoyo al Poder Judicial, frente a los constantes señalamientos del Gobierno de la presidenta, Laura Fernández, y de su antecesor (periodo 2022-2026), Rodrigo Chaves, ahora ministro de Hacienda y de la Presidencia.
- «Vine a defender a Costa Rica y a nuestra democracia. No queremos que se quiebre la división de poderes y rechazamos la concentración de poder y el autoritarismo», dijo a EFE José Mario Gutiérrez, un estudiante universitario que portaba una pancarta en favor de la democracia.
Entre los participantes en la manifestación se encontraba el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), quien dijo a EFE que en el país existe un intento de concentrar el poder; que ello es «muy peligroso» para la democracia, y puso como ejemplo lo ocurrido en Venezuela.
Rodríguez afirmó que Costa Rica debe buscar soluciones a sus conflictos por medio de «propuestas, diálogo y acuerdos».
Escalada entre Ejecutivo y magistrados
El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial escaló el pasado viernes, cuando la presidenta Fernández calificó como «golpistas» a cuatro magistrados de la Sala Constitucional que votaron a favor de prorrogar los nombramientos de los suplentes de ese Tribunal para que no se paralizaran sus funciones ni se atrase la resolución de casos.
Los nombramientos vencieron en diciembre pasado, pero los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano, que son mayoría en el Congreso, se han negado a elegir a los nuevos suplentes de una lista enviada por la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que los candidatos no son de su agrado.
Después de siete meses de paralizado el proceso, el pasado jueves la Sala Constitucional, en una votación de 4 a 3, aprobó prorrogar temporalmente los nombramientos vencidos hasta que el Congreso elige a los nuevos suplentes.
Esto provocó que la presidenta Fernández denunciara que existe «un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa«, y el lunes, el oficialismo presentó ante el Poder Judicial una querella por prevaricato (toma de decisiones contrarias a la ley) contra los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que aprobaron las prórrogas.
Choque político y recorte al presupuesto judicial
Este es un nuevo episodio de los conflictos que ha sostenido el Gobierno de la presidenta Fernández (2026-2030) y el de su mentor y antecesor Rodrigo Chaves (2022-2026), con el Poder Judicial, que mantiene abiertas investigaciones contra numerosos miembros del Gobierno, incluido Chaves.
Constantemente Fernández y Chaves lanzan críticas al Poder Judicial y han acusado a su cúpula de defender a grupos de poder, y además han anunciado un recorte del 5 % en el presupuesto judicial para 2027.