Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó este viernes la sentencia de 34 años y ocho meses de cárcel contra el ahora expolicía Germán Cáceres, por el feminicidio de su esposa, la abogada María Belén Bernal, ocurrido en 2022 en la Escuela Superior de Policía, donde él era instructor.
Corte Nacional confirma la pena
La Fiscalía informó en sus canales oficiales que los jueces declararon improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cáceres y ratificaron por unanimidad la pena que pesaba sobre él como autor del delito de femicidio.
Asimismo, los magistrados ratificaron la inocencia del subteniente Alfonso Camacho, quien, según el Ministerio Público, escuchó los gritos de auxilio de la abogada y no impidió el feminicidio.
El crimen en la Escuela de Policía
El 11 de septiembre de 2022, Cáceres asesinó a Bernal en la Escuela Superior de Policía de Quito y luego ocultó su cadáver, que fue encontrado diez días después en un cerro cercano al lugar.
El agente, que era instructor de policías, se fugó días después y fue capturado en Colombia en diciembre de 2022. En mayo de 2023 fue declarado culpable del delito de feminicidio tras confesar el crimen y ha cumplido su pena en diversas cárceles.
Suscribete al newsletter de Noticias SIN
El caso de Bernal causó gran conmoción en el país andino debido, principalmente, a que se cometió en el interior de un recinto policial, y su madre, Elizabeth Otavalo, ha clamado por justicia desde entonces.
Ella esperaba que, además de ratificar la condena contra Cáceres, los jueces declaren culpable a Camacho por omisión, por lo que, tras conocer la decisión del tribunal, dijo a EFE que no siente una satisfacción absoluta.
«Lo será cuando también se sancione a las personas que escucharon y no ayudaron», mencionó.
Agregó que hasta el momento son «cuatro años de haber luchado tanto», pero que, gracias a esa batalla, «ahora sí las mujeres gritan, se ponen una camiseta con el rostro de sus hijas y exigen al sistema que las represente».
Otavalo afirmó que analizará con sus abogados posibles vías para llevar el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como ya había anticipado en una entrevista pasada con EFE.
Seguiré luchando en organismos internacionales porque hay una sola realidad: a mi hija la mataron en la escuela de Policía, en una institución pública, que, si bien fue el esposo, y por eso es feminicidio, él era un servidor público en funciones», dijo entonces en referencia a las responsabilidades estatales que ella considera que hay por el crimen.
