El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urgió este martes al Estado hondureño a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las comunidades indígenas de los garífunas, tras alertar sobre la falta de avances y la persistencia de amenazas, criminalización y despojos territoriales.
Los garífunas de Honduras son una comunidad afrodescendiente llegada desde San Vicente en 1797, asentada sobre todo en la costa caribeña, en decenas de comunidades que reclaman el respeto a sus tierras ancestrales, derechos y mejores condiciones de vida.
El llamado del organismo de derechos humanos se produce en la víspera de que Honduras sea examinada este miércoles y jueves por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, en Ginebra, donde se evaluará la situación de vulnerabilidad y los derechos de estas poblaciones.
- En un comunicado, el director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Frank Cruz, dijo que el Estado debe avanzar no solo en el cumplimiento económico de las sentencias, sino también en el reconocimiento de los derechos ancestrales de las comunidades y en la ejecución de las medidas de restitución y garantías de no repetición ordenadas por la Corte IDH.
- Cruz advirtió que Honduras «incumple» las sentencias de la Corte IDH y enfatizó la necesidad de «fortalecer la institucionalidad competente y asignar los recursos necesarios» para garantizar el cumplimiento integral de las medidas ordenadas por el tribunal.
El organismo expresó, además, su «preocupación por la falta de avances significativos» en el cumplimiento de las sentencias y por la situación que enfrentan las comunidades indígenas y afro-hondureñas, especialmente por el uso de figuras penales como la usurpación y de medidas cautelares o preventivas relacionadas con desalojos, acciones que, según el Conadeh, contribuyen a su criminalización en lugar de proteger sus derechos.
Organizaciones garífunas mantienen desde el lunes un «campamento indefinido» frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, para exigir al Estado el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, que ordenan la restitución de sus tierras tradicionales y sus derechos.