El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, sostuvo este martes que la resolución de censura que emitió la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) contra el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, «es inconstitucional» y que la autoridad se mantiene en funciones por el momento.
Espinoza fue censurado por el Legislativo por no asistir a una interpelación sobre las políticas del Gobierno para hacer frente a la crisis económica del país, lo que supondría su destitución, según establece la Constitución boliviana vigente desde 2009.
El ministro pidió reprogramar la interpelación argumentando que tenía previstos viajes al departamento de Santa Cruz, en el este del país, y a Brasil para atender asuntos oficiales, pero su solicitud fue rechazada, y 91 de los 129 parlamentarios presentes en la sesión votaron a favor de censurarlo.
Gálvez explicó en una conferencia de prensa que la Constitución «establece que la censura de ministros debe hacerse por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea, lo cual implica» que se debió hacer con «111 votos» y no con 91, como ocurrió.
Esto implica que cualquier resolución de censura que se emita en función de esos resultados es inconstitucional, violatoria de los derechos y, además, vulnera el principio de jerarquía normativa porque el reglamento de la Asamblea no puede estar por encima de la Constitución«, afirmó el vocero presidencial.
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Además, exhortó al presidente de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del país, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, «a sujetarse a los lineamientos y preceptos determinados por la Constitución respecto a la censura de ministros de Estado».
También señaló que este miércoles «se tomarán acciones respectivas» sobre la situación del ministro y que «eventualmente él hará uso de sus derechos».
Espinoza anunció, por su parte, a los medios que consultará al Tribunal Constitucional sobre su posible destitución tras ser censurado y lamentó esa decisión del Parlamento.
La autoridad alegó que la Constitución «establece que para censurar a un ministro se requieren dos tercios de la Asamblea» y que fue censurado con «dos tercios de los presentes en la sesión.
La Ley 1350, que regula los efectos de la censura, establece que, una vez esta sea resuelta y comunicada formalmente al presidente, este deberá destituir al ministro censurado en un plazo máximo de 24 horas.
No obstante, en anteriores censuras parlamentarias, los entonces presidentes Luis Arce (2020-2025) y Jeanine Áñez (2019-2020) destituyeron a ministros para luego restituirlos en sus cargos, una práctica cuestionada por críticos que consideraron que vulneraba el carácter vinculante de este mecanismo constitucional.
