Quito.- El Análisis de la Situación de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (CRSA 2026), desarrollado por Aldeas Infantiles SOS Ecuador y revelado este jueves, evidencia brechas en el sistema de protección que afectan el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en una familia segura y protectora.
Acogimiento institucional concentra medidas judiciales
Uno de sus principales hallazgos revela que, pese a que el acogimiento institucional debería ser una medida excepcional, entre 2019 y mayo de 2026 concentró el 58,75 % de las medidas judiciales.
El estudio también alerta sobre la relación entre pobreza, negligencia y separación familiar.
Adriana Rodríguez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) —participante en el estudio—, puntualizó que «pobreza no debe confundirse automáticamente con negligencia».
El CRSA señala que la falta de vivienda, empleo, ingresos y tiempo para el cuidado no debe confundirse con una incapacidad de las familias para cuidar.
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El estudio identifica que las demoras en audiencias, informes y procesos de esclarecimiento legal pueden extender el acogimiento institucional durante etapas fundamentales para el desarrollo y la construcción de vínculos familiares, y evidencia la prolongación de una medida que debería ser temporal: el 20 % de quienes están en acogimiento institucional lleva más de cinco años bajo esta modalidad.
Para Rodríguez, el acogimiento puede mejorar condiciones muy concretas: alimentación, vivienda, escolarización, salud, documentación, rutinas y seguridad cotidiana, pero estas mejoras no eliminan automáticamente los efectos de la violencia previa, la separación, la incertidumbre judicial o una institucionalización prolongada.
Los resultados del estudio muestran que la separación familiar responde a una acumulación de factores económicos, familiares, territoriales e institucionales, y plantean la necesidad de fortalecer las respuestas de prevención y apoyo a las familias antes de recurrir a la institucionalización.
Esta realidad evidencia la importancia de fortalecer las políticas de prevención y los mecanismos de apoyo a las familias «antes de que las condiciones de vulnerabilidad deriven en la separación».
Prevención y apoyo antes de separar
Políticas de prevención: Pablo Coloma, docente de la UASB, mencionó que una de las brechas identificadas es la transición de adolescentes al cumplir los 18 años, pues quienes salen del sistema deben afrontar necesidades relacionadas con vivienda, alimentación, salud, educación y empleo, muchas veces sin redes afectivas de apoyo ni una respuesta pública articulada para acompañar este proceso.
Frente a esta situación, el CRSA plantea que la salida del sistema de protección debe ser planificada y progresiva, con acompañamiento sostenido hacia la autonomía.
En general, Coloma destacó que existen normas, instituciones, rutas, medidas administrativas y judiciales, así como una importante diversidad de organizaciones sociales y valiosas experiencias de articulación sobre protección, pero hay «una amplia distancia entre esta arquitectura formal y el funcionamiento cotidiano».
Brechas al cumplir 18 años
El estudio propone comprender el bienestar de manera multidimensional, poner el acento en la importancia de los vínculos afectivos y fortalecer una Política Nacional de Prevención que articule salud mental, educación y protección social; diferenciar pobreza de negligencia en los protocolos de protección, reducir la institucionalización y ampliar las alternativas de cuidado familiar.
También plantea agilizar los procesos legales, garantizar servicios de salud mental y establecer mecanismos de acompañamiento continuo para adolescentes y jóvenes hasta alcanzar su autonomía.
En resumen —dijo Coloma—, una ruta para fortalecer el cuidado familiar debe incluir reforzar la prevención, consolidar un sistema articulado, garantizar cuidados de calidad, acompañar la autonomía y fortalecer la evidencia con la mejora de sistemas de información, el monitoreo y la evaluación para orientar decisiones.
Alicia Arias, presidenta de la Junta Directiva de SOS, espera que el estudio incentive a fortalecer alianzas y generar cambios que promuevan condiciones diferentes para los menores y adolescentes.
