Misión de la ONU para Sudán revela despliegue en Sudán de 2.000 exmilitares colombianos
La ONU revela que 2.000 exmilitares colombianos fueron reclutados para combatir en Sudán, agravando la crisis humanitaria y violando derechos humanos.
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Ginebra.- Hasta 2.000 antiguos militares colombianos han sido reclutados y desplegados como personal militar privado en Sudán para combatir junto a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
Contra el Ejército sudanés, en una guerra interna que ha provocado una de las mayores catástrofes humanitarias y de desplazamiento en el mundo en los últimos años.
Así lo afirma la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Sudán en un informe que ha hecho público hoy y en el que expone evidencia de la existencia de redes transnacionales que están proporcionando combatientes, armas, munición, tecnología militar y apoyo logístico a las partes enfrentadas, alimentando así este conflicto.
Contratistas colombianos en Darfur y Kordofán
La información recogida indica que los contratistas militares colombianos operaron directamente drones de combate, artillería y armamento avanzado junto a unidades de las FAR en Darfur y Kordofán.
Asimismo, hay evidencia «que permite creer que el Ejército de Sudán ha utilizado drones suministrados desde el extranjero en sus operaciones, que causaron daños a civiles y bienes de carácter civil».
Red transnacional de reclutamiento y armas
La misión también identificó una red en la que empresas privadas, intermediarios logísticos y reclutadores con operaciones en países como Colombia y Emiratos Árabes Unidos utilizaron puntos de tránsito en Chad, el sureste de Libia y Bosaso (Somalia) para facilitar el traslado de personal, entrenamiento, armas y suministros a las FAR.
La misión considera que los ataques documentados constituyen graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que algunos pueden constituir crímenes de guerra.
Asimismo, recordó que los Estados vinculados a estas cadenas de suministro tienen la obligación legal de actuar con la debida diligencia, investigar y detener las redes ilícitas de mercenarios y suministro que operen desde sus territorios o a través de ellos.
La rendición de cuentas no puede detenerse en quienes ejecutan los ataques», afirmó la experta de la misión Joy Ngozi Ezeilo, quien reclamó investigar toda la cadena de responsabilidad, incluidos quienes ordenan, financian, suministran o facilitan los crímenes internacionales.
