WASHINGTON, EE.UU.- Activistas pro derechos humanos acusaron este lunes al actual Gobierno peruano de "desidia" a la hora de facilitar información para que las violaciones de derechos humanos sean investigadas, mientras que el Ejecutivo tendió la mano a las víctimas para trabajar conjuntamente en esta materia.

"El actual Gobierno ha mostrado signos positivos, pero en la judicialización ha habido una desidia muy grande", criticó la investigadora Joe-Marie Burt, de la George Mason University, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Burt se mostró especialmente crítica con el supuesto blindaje del Ministerio de Defensa para no facilitar información sobre atentados a los derechos básicos.

En nombre del Gobierno, el procurador supranacional de Perú, Luis Alberto Salgado, respondió que el Ejecutivo emprenderá una "labor conjunta" con las asociaciones de víctimas para avanzar en la búsqueda de información sobre estos casos.

"Lo decimos con toda autenticidad y sinceridad", agregó ante el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de velar por los derechos humanos en la región.

El portavoz del Gobierno reconoció que persisten "tensiones en el interior del país" por "atrocidades producidas en el conflicto interno", en el que asegura que hubo graves violaciones de derechos humanos y el encubrimiento de sus autores.

La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), consideró que los fiscales en particular y la justicia en general han sufrido "una constante negativa por parte del Ministerio de Defensa", del mismo modo que tampoco han conseguido llegar a esta información los representantes legales de las víctimas.

Los activistas aseguraron ante la CIDH que hay "un número importante de casos que se cierran por parte del Ministerio Público" por no poder haber accedido a la información al respecto.

Los peticionarios acusan al Estado de alegar la inexistencia de datos sobre los casos, pero aseguran que "la información existe" y que el propio Ejecutivo ha recurrido a esa documentación en algunas ocasiones.

La comisionada de la CIDH Tracy Robinson destacó la importancia de hacer públicas las peticiones de información que reciba el Gobierno y de marcar responsabilidades en posibles casos omitidos