ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades federales de Estados Unidos destaparon en las últimas semanas un nuevo esquema de fraude millonario que afecta al sistema público de salud, confirmando que programas como Medicare y Medicaid continúan siendo blanco de redes criminales cada vez más sofisticadas.

El caso más reciente consistía en implementar un esquema basado en la presentación de reclamaciones falsas, con un fraude que asciende a más de 14,600 millones de dólares.

En total, al menos 324 personas enfrentan cargos relacionados con este fraude.

Esquema de fraude millonario

Según el Departamento de Justicia, el esquema consistía en facturar pruebas médicas que nunca se realizaron, utilizando clínicas con escasa o nula actividad. El principal sospechoso fue arrestado a finales de febrero cuando intentaba abandonar el país, y las autoridades lo vinculan a una ofensiva más amplia contra el fraude sanitario.

Aunque no se trata de un caso aislado, investigadores federales han descrito este tipo de operaciones como una “Gold Rush” o fiebre del oro, debido a la percepción de que el sistema permite obtener grandes sumas de dinero con relativa facilidad.

Modus operandi del fraude

El mecanismo fraudulento incluye el registro de empresas o clínicas como proveedoras autorizadas, la captación de identidades de pacientes —en ocasiones con su consentimiento y en otras mediante engaño— y la posterior facturación de servicios inexistentes o inflados.

Según las autoridades, los fondos obtenidos son luego dispersados a través de redes de lavado de dinero.

Causas y consecuencias del fraude

El fraude en el sistema sanitario estadounidense no es nuevo, pero su magnitud sigue en aumento. Solo en lo que va de 2026, las autoridades han identificado esquemas que superan los 2,800 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas.

Asimismo, los esquemas ya no se limitan a un solo tipo de servicio. Las investigaciones abarcan desde laboratorios clínicos y facturación de equipos médicos hasta terapias y servicios de hospicio para pacientes que no los requieren.

Respuesta del gobierno

Ante esta situación, el Gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus operativos en los últimos años, con la participación de agencias como el FBI y unidades especializadas en fraude sanitario. Sin embargo, el ritmo de detección evidencia que el problema persiste.

Se recuerda que en el país se registró un caso de corrupción administrativa que afectó a afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), con un fraude estimado en al menos 15 mil millones de pesos.

Por este caso, el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como cabecilla del entramado, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Para los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el juez impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.