Asunción.- El Senado de Paraguay revocó este miércoles un permiso que le otorgó el 11 de marzo pasado al legislador del gobernante Partido Colorado Erico Galeano, luego de que un tribunal ratificara una sentencia de 13 años de prisión por asociación criminal y lavado de activos del narcotráfico.
Los legisladores derogaron por unanimidad una resolución de la misma Cámara Alta que concedió a Galeano un permiso sin plazo y sin goce de dieta que fue aprobada hace casi dos meses por la mayoría del oficialismo, en medio de críticas de la oposición que ha demandado desde el inicio su destitución.
La resolución aprobada esta jornada «entrará en vigencia el 12 de mayo de 2026», según el documento, fecha en la que Galeano podría retomar su curul en el Senado y reemplazar a su suplente, Guadalupe Aveiro.
Un Tribunal de Apelación resolvió el martes, en segunda instancia, ratificar la sentencia de 13 años de prisión que señaló los supuestos nexos de Galeano con una red que enviaba cocaína a Europa y presuntamente lideraban el uruguayo evadido Sebastián Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfran, alias Tío Rico.
No obstante, Galeano, de 59 años, permanece en arresto domiciliario desde septiembre de 2023, luego de que el Senado aprobara por unanimidad su desafuero.
En declaraciones a la prensa, el presidente del Senado, el oficialista Basilio Ñúñez, indicó que miembros de su bancada, la oficialista Honor Colorado, solicitaron a Galeano que renuncie al cargo, pero no obtuvieron respuesta.
«Si el colega no renuncia en este lapso, vamos a activar otro mecanismo, la pérdida de investidura», anunció Núñez, quien adelantó que el pedido de destitución se tratará en una sesión extraordinaria del martes próximo.
La investigación señala que el Galeano vendió en 2020 por un millón de dólares en efectivo una lujosa propiedad a un testaferro de alias Tío Rico, actualmente recluido en una cárcel del departamento de Alto Paraná (este), y que prestó una aeronave de su propiedad para que Marset, Insfran y otros se trasladaran dentro del territorio paraguayo.
El caso del legislador fue resultado de la operación ‘A Ultranza PY’, que tuvo lugar en 2022 y es considerada una de las mayores en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
