Un fiscal peruano solicitó 5 años y 4 meses de cárcel para Roberto Sánchez por falsa declaración financiera, acusándolo de desviar fondos del partido Juntos por el Perú a cuentas personales.
La resolución acusatoria del fiscal, emitida el 15 de enero, se conoció este martes. Sánchez disputará la segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori.
La acusación incluye inhabilitación política y se formalizará el 27 de mayo, dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.
El juez decidirá si se abre juicio contra Sánchez, basándose en informes financieros de Juntos por el Perú entre 2018 y 2021 que contienen supuesta información falsa.
- Los hechos que han motivado esta acusación se remontan a los informes financieros del partido Juntos por el Perú entre los años 2018 y 2021, donde se realizaron diversas procesos electorales para las regionales y municipales (2018), legislativas (2020) y presidenciales (2021).
En estos informes la organización que lidera Sánchez habría presentado declaraciones que contienen supuestamente información falsa en el primer año y presuntos aportes económicos falsos, en el segundo.
De acuerdo con la Fiscalía, tanto Sánchez como su hermano William recibieron hasta 280 mil soles (unos 81.500 dólares) en distintos aportes y tasas cobrados a sus afiliados al partido que al parecer no fueron declarados debidamente en los documentos financieros de la formación política.
El abogado de Roberto Sánchez, Carlos García Asenjo, cuestionó que la Fiscalía no haya señalado de qué forma su defendido usó los aportes que se señala para un fin personal y eximió al candidato de responsabilidad al remarcar que no fue el encargado de elaborar las declaraciones financieras del partido.
Sánchez fue el único ministro que permaneció durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo y ahora dio el paso de ser candidato presidencial en nombre del exmandatario, que cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, para supuestamente evitar una eventual destitución por parte del Congreso, controlado por una feroz oposición a su figura.