El mandatario participó en la inauguración de un complejo de oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicado en la exclusiva localidad de Santa Elena, cercana a la capital, San Salvador.

Balance de seguridad

En su intervención destacó que «la violencia en El Salvador está a niveles mínimos y que alguien vaya a ser asesinado, violado o extorsionado es la excepción, no la regla», pero aseguró que «todavía no somos un país de ley y orden».

Según Bukele, la ley y el orden requieren otras capas diferentes, otras etapas a las que no hemos llegado. «Que no haya corrupción, por ejemplo, que no haya estafas y que no haya contrabando», dijo.

Recordó que «las pandillas controlaban el 80 %» del territorio salvadoreño y que «violaban sistemáticamente los derechos humanos de la población», pero subrayó que «realizamos un trabajo que nos ha permitido vencer» a estos grupos y «convertir al país en uno de los más seguros del hemisferio y en camino a ser el país más seguro del mundo».

Críticas al régimen

El Salvador se encuentra, desde marzo de 2022, bajo un polémico régimen de excepción, una medida contra las pandillas que suspende garantías constitucionales, es señalado de violentar derechos humanos y que ha sido prorrogado en 50 ocasiones por el Congreso, dominado por el partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI).

Este régimen se ha convertido en la principal y única del Gobierno de Bukele contra las maras y para reducir la violencia, y continúa siendo ampliado, a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos a poner fin a su implementación.

Señalamientos de ONG

La organización Human Rights Watch (HRW) expuso recientemente que las autoridades de El Salvador deben «poner fin» a la medida y señaló que se «debe poner fin al estado de emergencia y garantizar una revisión judicial rápida y juicios justos».

Según un informe de Amnistía Internacional (AI), El Salvador consolidó en 2025 un «modelo represivo» bajo la extensión del régimen; continuaron las detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas.

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