Caracas.– Un grupo de familiares de presos políticos en Venezuela permanece este lunes a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios de ese país, John Barrett, a quien planean pedir que interceda por la liberación de los que siguen detenidos.
Los parientes, que se instalaron cerca de la legación diplomática desde el domingo, denuncian que aún son cientos los presos políticos en el país, cuando se cumplen cinco meses del anuncio del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la liberación de un «número importante» de personas.
Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, más de 400 de estas personas permanecen detenidas, entre ellas 39 con doble nacionalidad o extranjeros.
El objetivo es quedarnos acá hasta que tengamos una respuesta positiva, que nos llamen nuestros familiares para decir que ya están en libertad. Ya no vamos a aceptar que los representantes del Gobierno encargado (venezolano) nos sigan engañando con promesas vacías», expresó Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones.
A su juicio, la mandataria encargada y su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anuncian excarcelaciones «con la finalidad de que la comunidad internacional crea que ya todos los presos políticos han sido liberados».
No tienen consideración, juegan con nuestras ansias de libertad», dijo la mujer, quien aseguró que pasaron la noche con un «frío terrible» en una parada de autobuses cercana a la embajada, ubicada en una zona montañosa de Caracas.
Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, indicó que este lunes un grupo se dirigió a la embajada, donde les aseguraron que «están haciendo todo lo posible» para que los atienda el encargado de negocios.
No nos vamos a mover hasta que seamos atendidos (…) esperamos respuesta de la embajada americana», expresó.
Posteriormente, un funcionario de seguridad de la legación se acercó a donde estaban los familiares y pidió «un poco de paciencia» mientras se evalúa quién los recibirá, aunque aseguró que no podía dar más detalles.
Por su parte, la activista Gabriela Álvarez dijo a EFE que vecinos que han brindado asistencia a los familiares «están siendo perseguidos por cuerpos represivos del Estado», entre ellos, una persona que les permitió cargar la batería de los teléfonos celulares, les facilitó un baño e incluso les dio café y mantas.
Varios de los familiares se habían concentrado antes en las afueras de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada por organizaciones y opositores como un centro de torturas, desde donde la semana pasada presos políticos fueron trasladados a otros centros penitenciarios, denunciaron ONG, que criticaron la falta de información.
La mandataria encargada había ordenado en enero convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, y la semana pasada el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró que había sido cerrado.
El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.