Lima. – La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno aplicará una política de mayor firmeza para enfrentar la delincuencia y recuperar el control del orden público, tomando como referencia las medidas impulsadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Fujimori respondió a una ciudadana que le pidió seguir el modelo de Bukele.

“Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”, respondió la mandataria.

Respaldo policial y plan operativo

Fujimori también expresó su respaldo a los agentes de la Policía Nacional que han participado en recientes operativos contra la delincuencia y aseguró que su Gobierno acompañará a los efectivos en el cumplimiento de sus funciones.

La presidenta sostuvo que la estrategia de seguridad incluirá operaciones policiales, labores de inteligencia y mejoras en las comisarías, cuyos trabajos, según indicó, podrían comenzar en las próximas semanas.

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Inteligencia y mejoras en comisarías

El anuncio retoma una de las principales propuestas de Fujimori durante la campaña electoral: reforzar el control de las fronteras y los centros penitenciarios, además de construir una prisión de máxima seguridad para delincuentes considerados de alta peligrosidad.

La propuesta contempla un centro inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, una de las principales medidas de la política de seguridad implementada por Bukele contra las pandillas.

Prisión de máxima seguridad y modelo Bukele

La referencia a Bukele se produce semanas después de que el mandatario salvadoreño felicitara a Fujimori por su elección y expresara su disposición a fortalecer la cooperación entre ambos países.

La política de seguridad de Bukele se ha caracterizado por operativos masivos, encarcelamientos y un endurecimiento de las medidas contra las organizaciones criminales. Su modelo ha generado respaldo entre sectores que destacan la reducción de determinados indicadores de violencia, pero también cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por las condiciones de las detenciones y las garantías judiciales.

En Perú, Fujimori busca trasladar parte de ese enfoque a su estrategia contra el crimen, en momentos en que la seguridad ciudadana ocupa un lugar central en la agenda de su Gobierno.