Argentina.- Argentina quedó abocada a la suspensión de pagos de su deuda externa con los llamados fondos buitres y afirmó que a pesar de vencerse el plazo de gracia, no cederá a sus exigencias porque comprometerían el futuro de los argentinos. Todo esto ha causado inquietud por el impacto negativo que podría tener en otras economías latinoamericanas.

Argentina agoto el periodo concedido por el juez Thomas Griesa para conseguir un acuerdo con los tres fondos litigantes  que reclaman el pago de 1.500 millones de dólares.

Con ese incumplimiento, Argentina reedita su segundo conflicto con las finanzas en el exterior, que en el 2002 produjo una desestabilización en su economía interna.

Aunque los efectos no se prevén tan traumáticos como los de aquella ocasión, según prevén economistas y expertos, el temor es que se sabe cómo entra en una suspensión de pago, pero nunca cómo se sale.

Sin embargo, por la actitud asumida, el Gobierno argentino no pareció en ningún momento temer las consecuencias de caer en una situación de impago en sus compromisos internacionales.

La banca argentina, que podría verse amenazada, ha actuado hasta ahora con cautela, en un virtual apoyo al gobierno, mientras las agencia crediticias  declaraban una “suspensión de pago selectiva.

La suspensión de pagos sería efímera porque los banqueros argentinos pagarían a los buitre el 100% de la deuda, es decir, entre 1.500 millones y 1.600 millones de dólares, pero el panorama es todavía incierto