La Habana, 7 may (EFE).– El anuncio de las primeras sanciones estadounidenses aplicadas bajo la nueva Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump ha generado preocupación entre las empresas extranjeras que operan en Cuba.
La medida, dirigida inicialmente contra entidades vinculadas al Gobierno cubano, ha despertado dudas sobre el alcance real de las restricciones y las posibles consecuencias económicas y financieras para compañías internacionales con inversiones en la isla.
Las interrogantes giran en torno a quiénes serán afectados, qué actividades podrían ser consideradas sancionables y hasta dónde llegará la presión de Washington para forzar cambios políticos y económicos en el país caribeño.
Gaesa y Moa Nickel, entre los primeros sancionados
Entre los primeros incluidos en la lista de sancionados figura el conglomerado empresarial militar Gaesa, junto a su presidenta, Ania Guillermina Lastres, en una decisión considerada altamente simbólica por analistas.
Según expertos, Gaesa controla más del 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) cubano, con operaciones en sectores estratégicos como hoteles, telecomunicaciones, comercio minorista en dólares, combustibles, logística y transporte.
También fue sancionada la empresa estatal Moa Nickel S.A., encargada de explotar importantes yacimientos de níquel y cobalto en la isla, considerados entre los mayores del mundo.
Tras el anuncio de Washington, la minera canadiense Sherritt, socia del Gobierno cubano en la explotación de esos recursos, informó la suspensión inmediata de sus actividades en Cuba debido al riesgo derivado de las nuevas medidas.
Orden Ejecutiva amplía presión sobre sectores estratégicos
La Orden Ejecutiva 14404, firmada el pasado 1 de mayo, contempla la congelación de activos en territorio estadounidense de personas o entidades extranjeras vinculadas al Gobierno cubano o relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos y corrupción.
La normativa también abre la posibilidad de sancionar a quienes brinden apoyo financiero, tecnológico o material a sectores considerados estratégicos para el Estado cubano, entre ellos energía, minería, defensa, finanzas y seguridad.
El Gobierno de Cuba rechazó la decisión y calificó las sanciones como “crímenes internacionales” y medidas de carácter “genocida”, según expresó el canciller Bruno Rodríguez, quien además denunció una violación a la soberanía de otros países.
Empresas extranjeras temen expansión de las sanciones
Especialistas consideran que la ambigüedad de la normativa estadounidense podría ampliar considerablemente el universo de empresas afectadas, incluso aquellas sin presencia física directa en Cuba.
El abogado cubanoamericano Pedro Freyre, experto en litigios vinculados a Cuba, explicó que la medida busca generar un efecto disuasorio amplio sobre cualquier entidad extranjera que mantenga relaciones económicas con la isla.
- En Cuba operan actualmente compañías de origen español, mexicano, ruso, chino, francés e italiano, muchas de ellas mediante empresas mixtas con el Estado cubano.
Analistas sostienen que los sectores más vulnerables son los relacionados con energía, minería, finanzas y seguridad, aunque no descartan que las sanciones puedan extenderse a otras áreas económicas en el futuro.