La Habana – El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) inició este miércoles el pleno extraordinario de su Comité Central para evaluar el paquete de reformas económicas y sociales recién anunciadas por su primer secretario y presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

  • La reunión -convocada por el Buró Político, la cúpula del PCC– comenzó a las 14.00, hora local (18.00 GMT), encabezada por Díaz-Canel, según informó la organización política en una breve nota publicada en las redes sociales.

Hasta ahora se desconoce si, al cierre de la reunión que se desarrolla a puertas cerradas, se darán a conocer sus resultados finales.

Reunión de autoridades de la JCE en sala de sesiones con participantes alrededor de mesas
Autoridades y participantes reunidos en una sala de sesiones de la Junta Central Electoral.

Reformas económicas bajo revisión del PCC

El pasado 12 de junio, Díaz-Canel avanzó, en una comparecencia por sorpresa ante medios estatales, un grupo de medidas que incluyen cambios en busca de cierta liberalización y descentralización de la economía cubana, que se encuentra sumida en una profunda crisis.

Las propuestas van de la entrada en el sector turístico de «nuevos actores» en «nuevas modalidades» al fomento de la inversión extranjera directa, especialmente para cubanos no residentes, pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor «autonomía» a empresas estatales y municipios.

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Próximo paso en la Asamblea Nacional

El paquete de reformas tendrá como paso siguiente su presentación mañana jueves ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral), que lo evaluaría y, previsiblemente, lo ratificaría, como es habitual con las propuestas que le llegan.

Estas medidas llegan en un contexto en el que la economía cubana se ha contraído un 15 % entre 2020 y 2025 por la combinación de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las fallidas medidas internas en materia monetaria y económica.

A ello se suma, desde enero, la política de máxima presión del Gobierno de EE. UU., que exige cambios políticos y económicos profundos con un cerco petrolero y una serie de sanciones secundarias que afectan directamente a entidades extranjeras.

Las reformas, que, de implementarse en su totalidad, supondrían cambios significativos, fueron recibidas en general con tibieza por la población y con abierto escepticismo por la oposición, mientras que los expertos mostraron sus dudas en torno a la coherencia de las medidas, su profundidad y la secuencia en que deben aplicarse para evitar mayores distorsiones en la economía.