La Habana – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este viernes que, del total de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno en junio, 134 (el 76,1 %) ya cuentan con respaldo jurídico.
Las reformas buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda policrisis que padece la isla en décadas, por motivos internos y externos.
Descentralización y autonomía municipal
El paquete de medidas se enfoca —entre otros aspectos— en la descentralización, a nivel municipal, de una serie de competencias; entre ellas, la gestión administrativa, de recursos humanos, presupuestaria o ambiental.
En ese sentido, Díaz-Canel insistió en la importancia de la implementación de las reformas, con énfasis en el «fortalecimiento de la autonomía municipal», durante una visita a la localidad habanera de Playa, según refirió un reporte de la Presidencia en las redes sociales.
Tanto el municipio como los consejos populares deben asumir todo lo que les corresponda implementar. Hay mucho en lo que ya se puede avanzar», recalcó el mandatario insular durante una comparecencia en el marco del ‘Día de la Defensa‘, que se celebra todos los viernes.
Recomendó que en cada territorio «se identifiquen todas las capacidades de producción de bienes y servicios que existen y están sin funcionar», así como encontrar alternativas para «ponerlas a producir«.
En cada lugar hay que pensar y tomar decisiones para que los actores económicos, tanto estatales como no estatales, aporten a la estrategia de desarrollo local y a su plan de la economía», indicó el gobernante, que llamó a prestar «especial atención» a las personas vulnerables.
Reformas en medio de la crisis cubana
El paquete de reformas empieza a aplicarse una vez que se publican en la Gaceta Oficial de la República; contiene normativas que facultan a los municipios para que aprueben inversiones en correspondencia con su estrategia de desarrollo, que incluye gestionar proyectos de cubanos residentes en el país y en el exterior.
Contempla cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, dotar de una mayor «autonomía» a empresas estatales y autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera.
Estas medidas han llegado en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, periodo en el que el producto interno bruto (PIB) de la isla se ha contraído un 15 %, según cifras oficiales.
Pero también cuando la situación se ha agravado desde enero pasado, a partir de que EE. UU. haya aplicado una política de máxima presión sobre Cuba, con un bloqueo petrolero y una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.