La ejecución tuvo lugar ayer en el municipio de San Pedro de Buena Vista, donde los comunarios, al parecer en estado de ebriedad, enterraron vivo a Samuel T., según una fuente de la Fiscalía citada por radio Erbol.

El fallecido estaba acusado de la violación y asesinato de una mujer de 28 años perteneciente a una comunidad de esa zona de Potosí el pasado 10 de noviembre.

Los habitantes de la comunidad, según el mismo medio, investigaron el suceso y lograron encontrar y capturar al presunto autor del crimen, que había huido a otro departamento del país.

Los linchamientos de supuestos delincuentes en Bolivia ocurren con frecuencia y, según han advertido expertos juristas, muestran que en el país rige una pena de muerte de facto aplicada por muchedumbres.

Las turbas siempre argumentan que aplican la llamada justicia comunitaria indígena, reconocida en la Constitución que rige en Bolivia desde 2009, pero que no establece ni ampara la pena de muerte ni los castigos físicos.

Las autoridades bolivianas y organismos internacionales, entre ellos la ONU, han mostrado su preocupación por estos actos que la Policía no ha logrado frenar, ya que muchos tienen lugar en zonas rurales en las que apenas hay agentes que puedan enfrentarse a las muchedumbres furiosas.

Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, en Bolivia se producen entre diez y veinte casos de linchamientos consumados cada año y una cifra mayor de intentos.