Ciudad del Vaticano. – El Vaticano publicó este sábado los estatutos actualizados de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, dedicada a la lucha contra los abusos en el seno de la Iglesia, que refuerzan su capacidad de supervisión y le permiten elevar directamente a la Santa Sede evaluaciones sobre diócesis locales.

La nueva normativa, aprobada ‘ad experimentum’ por León XIV el pasado 20 de mayo, sustituye el estatuto de 2015 impulsado por el papa Francisco, fundador de la comisión, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

Estos estatutos reflejan la escucha a las víctimas, a los expertos en salvaguarda y a la experiencia de las iglesias locales, reafirmando que la protección sigue siendo una prioridad central», señaló en un comunicado el presidente de la comisión, el arzobispo Thibault Verny, nombrado el pasado 5 de julio por León XIV.

La reforma redefine el encaje de la comisión dentro de la Curia Romana y su relación con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el «ministerio» vaticano que cuenta con una sección disciplinaria encargada, entre otras funciones, de los casos de abusos.

La comisión queda establecida en este dicasterio y colaborará con él en el intercambio de información, desarrollo de metodologías de protección, elaboración del informe anual y programas de formación, aunque mantendrá su función consultiva y seguirá informando directamente al pontífice.

Capacidad para elevar informes a la Santa Sede 

Respecto al estatuto de 2015, que definía a la comisión como una institución autónoma de carácter consultivo y de propuesta de iniciativas, el nuevo marco normativo detalla mecanismos concretos de colaboración institucional.

Entre las principales novedades, el organismo también podrá participar, «para las materias de su propia competencia», en las reuniones durante las visitas que los obispos de todo el mundo mantienen en el Vaticano, en coordinación con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Refuerzo de sistemas de denuncia y atención a víctimas

En el ámbito de la prevención, se subraya la promoción de la responsabilidad local y se encomienda a la comisión velar por que, «en el caso de que no se haya hecho ya», se establezcan en las diócesis y eparquías «sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar denuncias de abusos», incluso mediante oficinas eclesiásticas específicas.

Además, el texto promueve la creación y difusión de centros a nivel regional y nacional «donde las víctimas sean tratadas con dignidad y respeto» y reciban «acogida, escucha y acompañamiento», así como asistencia espiritual, médica, terapéutica y psicológica, según cada caso.

Asimismo, se destaca la promoción de iniciativas destinadas a proteger la imagen y la esfera privada de las personas implicadas, así como la confidencialidad de los datos personales.

Un informe anual obligatorio

Este documento deberá presentar «de manera objetiva y transparente» las iniciativas impulsadas por los dicasterios y por las instancias eclesiásticas locales en materia de protección de menores y personas vulnerables, y será presentado al papa, previa consulta a la Secretaría de Estado, antes de su publicación.

Para mejorar la coordinación con el órgano doctrinal de la Iglesia, el presidente o secretario de la comisión de menores será nombrado miembro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, mientras que este último enviará observadores a las asambleas plenarias de la comisión. 

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