El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a través de un comunicado que Delgado, de 40 años, había renunciado a su cargo de alcalde el martes pasado en relación con estas acusaciones.

SAN JUAN.- El exalcalde del municipio puertorriqueño de Cataño Félix Delgado se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción por el que recibió pagos en efectivo a cambio de adjudicar contratos a una empresa dentro de una trama por la que un contratista fue arrestado este jueves por presuntamente pagar sobornos y comisiones ilegales al exfuncionario.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a través de un comunicado que Delgado, de 40 años, había renunciado a su cargo de alcalde el martes pasado en relación con estas acusaciones.

Según documentos judiciales, Delgado se enriqueció al aceptar sobornos, incluidos pagos en efectivo de parte de un empresario, cuya compañía se benefició al recibir contratos municipales.

El comunicado indica que Mario Villegas, de 42 años, vecino del municipio de Gurabo y dueño de una empresa de asfalto y pavimentación, fue acusado de pagar sobornos a Delgado a cambio de valiosos contratos municipales.

Según la acusación, a partir de junio de 2017 o alrededor de esa fecha Villegas pagó comisiones ilícitas y sobornos a cambio de que Delgado ejerciera su influencia sobre los funcionarios municipales de Cataño, lo que provocó que su empresa recibiera más de 9,9 millones de dólares en contratos municipales.

Delgado se declaró culpable de un cargo de conspiración para solicitar y aceptar sobornos.

Está programado que el exfuncionario sea sentenciado el 8 de marzo de 2022 en un caso en el que se enfrenta una pena máxima de 5 años de prisión.

El juez Raúl Arias, del Tribunal de Distrito de los EE.UU. para Puerto Rico, es el responsable de este caso.

Villegas, por su parte, está acusado de conspiración para pagar sobornos, soborno y uso de una instalación interestatal en ayuda del crimen organizado.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Villegas se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.

Tras revelarse la información del caso, la representante de Puerto Rico ante el Congreso, Jenniffer González, señaló que el servicio público tiene que ser sinónimo de honestidad y que quien lo utilice para beneficiarse personalmente tiene que ser repudiado.

"No hay cabida para las personas que vienen a servirse a sí mismos en vez de servirle a nuestra gente, el pueblo al que le pedimos la confianza para representarlos", señaló González en un comunicado.

"Estos actos de corrupción manchan a Puerto Rico a nivel de Washington, justo cuando hemos logrado el flujo de billones de dólares para la reconstrucción de las islas", aseguró.