Los padres de la estudiante, de 15 años, denunciaron la presunta agresión en una entrevista en el canal RTU.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La Fiscalía ecuatoriana informó este martes del inicio de una investigación sobre la presunta violación a una adolescente por parte del conductor de la unidad de transporte escolar.

En su cuenta de Twitter, la Fiscalía indicó que investiga el caso que habría ocurrido en el transporte que trasladaba a la adolescente a su colegio.

"El Fiscal a cargo dispuso las respectivas diligencias y se ordenaron medidas de protección para la víctima y su familia", apuntó.

Y añadió que el Equipo de Género de la Fiscalía acompaña a la víctima y a su familia "desde el momento en que se conoció el hecho. Además, internamente se solicitó la revisión del accionar de todos quienes intervinieron en la recepción de la denuncia".

Aunque los hechos ocurrieron supuestamente el jueves 21 de abril en Quito, estos no se conocieron hasta este lunes, cuando los padres de la estudiante, de 15 años, denunciaron la presunta agresión en una entrevista en el canal RTU.

Los progenitores acusaron a la escuela de no haber brindado ayuda a su hija durante las cuatro horas que estuvo en las instalaciones educativas hasta que llegaron a recogerla, ni de ayudarles en las investigaciones, pues no les brindaron los datos del conductor, según reportan medios locales.

En un comunicado, el Ministerio de Educación afirmó que la institución educativa activó los protocolos ante situaciones de violencia, lo que contempló el acompañamiento y protección a la estudiante, la comunicación directa con sus tutores y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía.

Sin embargo, como parte de sus investigaciones, el Ministerio de Educación evaluará si las autoridades de la escuela donde estudia la denunciante cumplieron debidamente con todos los protocolos establecidos.

Las investigaciones se realizan en coordinación con las distintas instancias competentes y con la colaboración de la empresa privada de transportes escolar, según lo manifestado por el mismo Ministerio de Educación, que desconoce la ubicación del denunciado.