Washington.- Los candidatos presidenciales republicanos y activistas conservadores en EEUU se han alzado en armas contra la cobertura médica de anticonceptivos, e incluso han sugerido que el presidente Barack Obama está "en guerra" contra el catolicismo.

En los últimos días, los conservadores han criticado ad nauseam una norma anunciada por la Administración Obama el pasado 20 de enero que, dentro de la reforma sanitaria promulgada en 2010, obliga a los empleadores -incluyendo instituciones religiosas- a ofrecer cobertura médica de anticonceptivos.

La nueva polémica es un microcosmos de la "guerra cultural" que durante décadas mantienen la derecha religiosa, que condena el aborto y demás métodos anticonceptivos, y grupos progresistas que defienden los derechos reproductivos de la mujer.

Consciente del furor, la Casa Blanca ha manifestado su voluntad de entablar un diálogo con grupos religiosos sobre el asunto porque, según dijo a la cadena MSNBC David Axelrod, un principal asesor político de Obama, "no queremos coartar las libertades religiosas de nadie".

El Departamento de Salud de EEUU ya ha dado a las organizaciones hasta un año para cumplir con el requerimiento.

La norma se aplica a hospitales y escuelas afiliadas con organizaciones religiosas, pero exime las iglesias.

En realidad, ésta se deriva de una ley vigente desde hace más de una década, la cual exige a la mayoría de los empleadores proveer cobertura de servicios de salud preventiva para las mujeres.

En diciembre de 2000, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), determinó que las empresas que ofrecieran seguro médico pero excluyendo la cobertura de anticonceptivos, violaban la ley de derechos civiles de 1964 contra la discriminación en base al sexo.

El Gobierno del entonces presidente George W. Bush nunca impugnó esa interpretación de la ley, por lo que la exigencia sobre la cobertura de anticonceptivos aplica a toda empresa que ofrezca un plan médico y tenga al menos 15 empleados.

Esos detalles, sin embargo, no parecen importar a los conservadores, que de cara a los comicios del próximo 6 de noviembre, acusan a Obama de lanzar una guerra contra la libertad de culto, un derecho consagrado en la Constitución.

Uno de los cuatro candidatos republicanos en liza, el exsenador Rick Santorum, dijo la noche del miércoles en Plano (Texas), que Obama "de forma sistemática" intenta "destruir los elementos fundacionales de nuestro país".

"Cuando marginas la religión en EEUU, cuando eliminas el pilar de los derechos otorgados por Dios, lo que queda es la Revolución Francesa... lo que queda es que el Gobierno te dictará quién eres, lo que haces y cuándo lo haces", se quejó Santorum, católico de confesión.

"Lo que quedó en Francia se convirtió en la guillotina. Damas y caballeros, estamos lejos de eso pero si seguimos por el rumbo del presidente Obama y su abierta hostilidad hacia la religión en EEUU, entonces nos encaminamos por esos derroteros", advirtió Santorum, azuzado por un público de unas 2.000 personas.

Al referirse a la multitud como "el coro", Santorum pidió la ayuda del electorado para propagar su mensaje de conservadurismo de pura cepa.

Con el viento a su favor tras ganar en Minesota, Colorado y Misuri el martes, Santorum busca mantener el impulso frente a Mitt Romney, Newt Gingrich y Ron Paul.

Salvo Paul, que no ha ganado ni una primaria, los tres candidatos participarán hoy en la 39 Conferencia Conservadora de Acción Política (CPAC) en Washington, que desde ayer y hasta el sábado próximo congrega a unas 10.000 personas.

Ese foro, un hervidero del conservadurismo social en EEUU, les sirve de plataforma para atacar la gestión de Obama, incluyendo la norma sobre los anticonceptivos.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, prometió el jueves un "proceso amplio" para revocar la ley sanitaria si llega un republicano a la Casa Blanca en noviembre.

En esta polémica, que ha movilizado a la Iglesia Católica y la derecha religiosa, han quedado silenciadas las voces de grupos católicos moderados y de buena parte de la opinión pública que sí apoyan la norma.