Narcotráfico.

BUENOS AIRES.- Acosado por el aumento de la violencia y por las críticas de la Iglesia y de la Suprema Corte de Justicia, el Gobierno argentino ha tenido que admitir su preocupación por el avance del narcotráfico en un país que fue corredor de droga y se ha convertido en productor y exportador.

Las detenciones de narcotraficantes buscados en todo el mundo y afincados en Argentina, como el colombiano Henry de Jesús López Londoño, "Mi Sangre", acusado de liderar un grupo paramilitar vinculado al narcotráfico, los tiroteos a pleno día o el ataque a la casa del gobernador de Santa Fe, han encendido las alarmas sobre el aumento de la actividad ligada al tráfico de drogas.

En los últimos años, Argentina ha pasado de ser zona de tránsito para el tráfico de estupefacientes a un área de producción y consumo, como indica el último informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, que sitúa al país en el tercer lugar del mundo, detrás de Brasil y Colombia, en exportación.

El propio auditor general de la nación, Leandro Despouy, denunció que el Estado había renunciado de forma deliberada a controlar el tráfico de drogas por vía aérea y marítima.

En acusaciones desmentidas por el Gobierno, Despouy calificó los puertos argentinos como "zonas liberadas" para el narcotráfico.

El problema tiene carácter nacional, aunque es en la provincia de Buenos Aires, la más poblada e importante del país, en Santa Fe y en la frontera norte donde se registran los índices más altos de violencia.

En Rosario, la capital de Santa Fe y la tercera ciudad del país en importancia, se han batido récords de violencia, con más de 200 muertes vinculadas con el tráfico de drogas en lo que va de año.

El ataque a balazos contra la residencia del gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, es la más llamativa de las acciones relacionadas con el narcotráfico en una provincia donde se ha descabezado a la cúpula policial dos veces en menos de un año por presuntos vínculos con las redes de traficantes.

También la vecina provincia de Córdoba se ha visto salpicada por un escándalo por la connivencia de mandos policiales con narcotraficantes.

La situación ha llevado a la Iglesia católica a denunciar el "drama del narcotráfico y la droga" y a advertir que si los políticos no toman medidas "costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar las mafias".

Una llamada de atención a la que se ha sumado la Suprema Corte de Justicia, que ha pedido al Gobierno medidas enérgicas, un aumento de los controles fronterizos y una mejora del sistema carcelario.

Los magistrados del Salta y Jujuy (limítrofes con Bolivia, Chile y Paraguay) han advertido de un "crecimiento preocupante" del narcotráfico en la frontera, la trata de personas, el contrabando y "la instalación de grupos extranjeros de gran magnitud que están operando en esta clase de ilicitudes y que, sin exageración alguna, se cuentan por miles".

En medio de la polémica, el Gobierno defiende su gestión y, aunque admite que está escaso de recursos humanos en las instituciones de justicia del norte del país, sostiene que el narcotráfico le "preocupa sobremanera" y es una prioridad de la agenda oficial.

Como primera medida, ha anunciado refuerzos en los controles aduaneros en sus pasos fronterizos con Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay.

Pero los expertos advierten de que el problema no se limita a radares o controles fronterizos, sino que es un tema global en el que intervienen muchos factores, desde la situación geográfica a la política de los países vecinos, pasando por el poder económico y la corrupción.

Mientras el Gobierno nacional cierra filas sobre su estrategia antidrogas, el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el opositor Guillermo Montenegro, resume la situación con una contundencia preocupante: "Hoy no tenemos un problema, tenemos una guerra", asegura