Ginebra.- Unicef, el organismo de Naciones Unidas que vela por los derechos del niño, afirmó este martes que al menos un niño palestino ha sido asesinado, en promedio, cada semana desde principios de 2025 hasta la actualidad, y pidió que no se caiga en la trampa de «normalizar» su sufrimiento.
«Setenta niños palestinos han muerto en este periodo, el 93 % de ellos fueron asesinados por fuerzas israelíes, mientras que otros 850 niños resultaron heridos», dijo en Ginebra el portavoz de Unicef, James Elder, quien mencionó que en la mayoría de los casos, se utilizó contra ellos munición real.
Esta denuncia se registra en momentos en que los ataques de colonos judíos contra la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este han alcanzado niveles nunca vistos.
La Oficina de Asuntos Humanitarios señaló que en marzo se registró el mayor número de palestinos heridos por ataques de colonos en los últimos 20 años, y que éstos son cada vez más coordinados.
Los incidentes incluyen «niños tiroteados, apuñalados, golpeados y rociados con gas pimienta», explicó Elder.
«Lo que se está desarrollando no es solo una escalada de la violencia contra los niños palestinos, sino que es el desmantelamiento progresivo de las condiciones que los niños necesitan para sobrevivir y desarrollarse», lamentó.
Unicef sostiene que todo esto ocurre en un contexto que busca privar a los palestinos, incluidos a los niños, de sus derechos más elementales y para ejemplificarlo, menciona las restricciones a la circulación.
Al respecto, se detalla que los últimos 30 meses se han impuesto más de 900 barreras y restricciones adicionales en Cisjordania, lo que ha resultado en que los niños queden regularmente aislados de sus escuelas, de los hospitales y otros servicios esenciales.
Esto también ocurre mientras aumentan las detenciones de menores.
Según los datos independientes más recientes, 347 niños palestinos de Cisjordania se encuentran en detención militar israelí por presuntos delitos relacionados con la seguridad, la cifra más alta en ocho años.
Además, más de la mitad de estos niños (180) están bajo detención administrativa y carecen de las garantías procesales mínimas, como contar con asesoramiento jurídico o tener derecho a impugnar su detención.