San Juan.– El gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) puertorriqueño y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) mostraron este miércoles su rechazo al proyecto de autodeterminación con todas las opciones de estatus que presentó el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández.
El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José F. Aponte, definió como «un disparate de grandes proporciones» la iniciativa porque no tiene posibilidad en el actual Congreso y aseguró que Hernández anteriormente dijo que el estatus no era importante para él.
El proyecto bajo el título ‘Puerto Rico Democratic Self-Determination Act‘ es una medida que permitiría a los puertorriqueños votar en un plebiscito vinculante por la estadidad (anexión a EE. UU.), la independencia, la soberanía en libre asociación y mantener y mejorar el Estado Libre Asociado (ELA).
A su juicio, «esto es un disparate que sirve solo para intentar salir en los medios de comunicación con algo».
El incluir el ELA, la colonia, la razón de los males de Puerto Rico, es un ejercicio inútil que ha sido rechazado en dos ocasiones por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, así como por el Congreso y el Ejecutivo, estableciendo que no hay espacio para mejorar el ELA. Rechazamos esta propuesta poco seria», sentenció el expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
Por su parte, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, tildó este miércoles de «colonia dura y pura» el proyecto de autodeterminación con todas las opciones de estatus.
El que haya un plebiscito donde la colonia, el territorio, sea una opción hacia la descolonización y tiene, además, la desfachatez de titularlo un proyecto para la descolonización y la democracia en Puerto Rico. Si es que la colonia, por definición, es antidemocrática», afirmó Dalmau en un video en sus redes sociales.
En este sentido, el candidato a la gobernación del archipiélago en las pasadas elecciones subrayó que es «un insulto al pueblo de Puerto Rico» la radicación de ese proyecto con la colonia como opción y calificó al comisionado de «niño símbolo del colonialismo en Puerto Rico«.
Hoy, que se cumplen diez años de la aprobación de la Ley Promesa bajo ese estatus político que permitió que, unilateralmente, nos impusieran una Junta de Control Fiscal con más poderes que las ramas constitucionales del país», recordó Dalmau.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue impuesta por el Congreso de Estados Unidos en virtud de la ley llamada PROMESA en 2016, con el fin de reestructurar la multimillonaria deuda pública de la isla y supervisar las finanzas públicas.
Según Hernández, si el ELA prevaleciera, dejaría de aplicar dentro de dos años la Ley Promesa, que fue promulgada en 2016 por el Congreso de EE. UU. para reestructurar la deuda de la isla e impuso una Junta de Supervisión Fiscal.
También se crearía una Comisión para el Desarrollo del Estado Libre Asociado, integrada por funcionarios del Gobierno de EE. UU. y representantes de la organización que defienda el ELA en el plebiscito.
Los proyectos previos presentados ante el Congreso no incluían el ELA como opción de cara a un referéndum, ya que la mayoría de los partidos, a excepción del Partido Popular Democrático (PPD) de Hernández, consideran que este estatus es colonial.
El problema, el mal que es el colonialismo, no puede ser la solución. Y ese es el juego del inmovilismo que ha jugado el liderato del Partido Popular históricamente. La diferencia es que en estos tiempos históricos hay una conciencia generalizada, incluso dentro del propio Partido Popular, de que el problema precisamente es la colonia y hay que superarla», aseveró Dalmau.
El proyecto fue radicado por cuatro miembros diversos del Congreso: Hernández, quien pertenece al Caucus Hispano (CHC); Wesley Bell, del Congressional Black Caucus (CBC); Derek Tran, del Caucus Asiático-Pacífico Americano del Congreso (CAPAC); y Val Hoyle, del Comité de Recursos Naturales de la Cámara.