Buenos Aires.- El Gobierno del presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, defendió este martes el proyecto de ley para garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que será debatida esta semana por el pleno del Senado.
En rueda de prensa, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, dijo que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca «afianzar» lo establecido en la Constitución nacional de Argentina, que consagra la inviolabilidad de la propiedad.
Según el portavoz, la inseguridad jurídica ha ahuyentado la inversión y «las oportunidades de crecimiento y empleo que otros países sí aprovecharon».
Cambios en expropiaciones y desalojos
El proyecto que será debatido en el Senado el próximo jueves modifica la ley de expropiaciones vigente, que, según el Gobierno de Milei, es «obsoleta, deja vacíos legales y reglas de juego tan poco claras que cualquier cambio de rumbo termina en un tribunal internacional».
La reforma que propone el Ejecutivo busca impedir que el Estado cometa abusos de la figura de expropiación, con definiciones más exigentes de lo que sería la «utilidad pública» que justifique una expropiación.
Además, establece que la indemnización debe asegurar que el expropiado reciba una reparación plena por el valor de su bien, tomándose como referencia la valuación anterior al anuncio de la expropiación.
El proyecto también introduce cambios con respecto a los desalojos de propiedades en caso de usurpación u ocupación ilegal, que se tramitarán por juicio sumario, un procedimiento más veloz que el actual.
Tierras rurales e incendios forestales
Otro capítulo de la iniciativa introduce cambios a la actual ley de tierras rurales, eliminando las restricciones de compra que pesan sobre las personas y empresas privadas extranjeras e imponiendo más controles para las operaciones que involucren a Estados extranjeros y empresas que dependan de estos.
El proyecto también incluye modificaciones a la ley de 2020 que castiga los incendios en los campos agrícolas y en los bosques implantados y que, según el Gobierno, no evitó los incendios y terminó perjudicando a los productores rurales por siniestros «accidentales» dentro de su propiedad.