MIAMI.— La ley que Pekín puso en vigor el 1 de julio para promover la «unidad étnica» representa una nueva forma de presión jurídica sobre Taiwán y otros pueblos con identidad propia, según el internacionalista René Bolio, exsenador mexicano y presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Bolio sostiene que la norma va más allá de la política interna al incorporar al marco legal el concepto de «una sola comunidad nacional dirigida por el Partido Comunista«. A su juicio, esa visión también abarca a Taiwán, el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior, y convierte el derecho en una herramienta de expansión política.
La Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos fue aprobada el 12 de marzo y entró en vigor el 1 de julio. Según Pekín, busca fortalecer la cohesión entre los 56 grupos étnicos reconocidos y combatir el separatismo, el terrorismo y el extremismo religioso.
Sin embargo, dos artículos han despertado preocupación. El artículo 21 promueve una mayor integración entre ambos lados del estrecho de Taiwán y refuerza la idea de que los taiwaneses forman parte de la nación china. El artículo 63 establece que organizaciones o personas en el extranjero pueden enfrentar responsabilidades legales por acciones que Pekín considere contrarias a la unidad étnica o favorables al separatismo.
Estrategia de «lawfare
Bolio calificó esa práctica como «lawfare»: el uso del sistema legal para alcanzar objetivos estratégicos que antes se perseguían mediante presiones diplomáticas, económicas o militares.
El analista comparó esta estrategia con la doctrina rusa del «Mundo Ruso», utilizada para justificar la protección de comunidades rusas fuera de sus fronteras. También citó, como antecedente histórico extremo, la doctrina nazi del «espacio vital», al advertir sobre el riesgo de utilizar conceptos históricos o culturales para justificar la expansión del poder estatal.
Reacción de Taiwán
El Gobierno de Taiwán rechazó la legislación y anunció una plataforma para proteger a sus ciudadanos frente a lo que considera represión transnacional. El primer ministro Cho Jung-tai afirmó que Pekín busca extender su jurisdicción política e ideológica sobre personas, empresas y organizaciones taiwanesas.
El presidente Lai Ching-te reiteró que el futuro del territorio debe ser decidido por sus 23 millones de habitantes y defendió la democracia taiwanesa.
Estados Unidos y la Unión Europea también expresaron preocupación por el alcance extraterritorial de la ley. Amnistía Internacional advirtió que sus disposiciones podrían facilitar la persecución de activistas y reforzar políticas de asimilación cultural contra uigures, tibetanos y mongoles.
Para Bolio, el debate trasciende la relación entre Pekín y Taipéi: lo que está en juego es si el derecho se utilizará para proteger la libertad y la identidad de los pueblos o para extender jurisdicciones más allá de las fronteras nacionales.