La investigación, dirigida por el exjuez del Tribunal Penal Federal Sergio Moro, destapó episodios de corrupción entre la petrolera estatal Petrobrás, algunas empresas constructoras y varios políticos brasileños.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó hoy que la investigación y proceso contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por delitos de corrupción, no fue "imparcial" y violó derechos como el de la intimidad o el de la presunción de inocencia.

"Si bien los Estados tienen el derecho de investigar y perseguir los actos de corrupción, así como de mantener informada a la población especialmente cuando se trata de un expresidente del Gobierno, estas acciones deben llevarse a cabo de una manera justa y respetando las garantías del debido proceso", indicó el comité.

Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, fue investigado en 2016 por su presunta vinculación con la mayor trama de corrupción en el país, en el marco de la operación Lava Jato.

La investigación, dirigida por el exjuez del Tribunal Penal Federal Sergio Moro, destapó episodios de corrupción entre la petrolera estatal Petrobrás, algunas empresas constructoras y varios políticos brasileños.

Durante el proceso judicial en el que Lula estuvo inmerso, el juez Moro autorizó al fiscal la intervención del teléfono personal del expresidente así como de sus familiares.

Según afirma el comité de Naciones Unidas, estas escuchas fueron filtradas a la prensa antes incluso de que el fiscal presentara formalmente los cargos, en lo que se identifica como una "clara violación a su derecho de la intimidad".

También se emitió una orden de detención para interrogar a Lula que igualmente fue revelada a la prensa, que tomó fotos en las que aparentemente Lula era detenido, en otra vulneración de su derecho a la libertad personal, indicó el comité.

Una vez concluido el juicio, Lula fue condenado a nueve años de prisión en julio de 2017 y seis meses más tarde el Tribunal Federal amplió su sentencia a 12 años.

El expresidente comenzó a cumplir su condena en abril de 2018, mientras sus apelaciones estaban pendientes, y se le denegó el derecho político a presentarse como candidato a las elecciones nacionales que se celebraron en octubre de ese mismo año.

Después de casi tres años en prisión, en 2021 el Tribunal Federal dictaminó que el exjuez Moro actuó "arbitrariamente" y anuló su condena.

"Aunque se anuló la condena y el encarcelamiento de Lula en 2021, estas decisiones no fueron suficiente oportunas y eficaces para evitar o reparar los abusos", indicó el comité de la ONU.

Dicho organismo exigió a Brasil que garantice el cumplimiento de las garantías de debido proceso en juicios futuros, incluidos los que pudiera encarar el propio Lula.