La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay defendió que se necesitan "urgentemente mecanismos de financiación equitativos" para que "quienes viven en contextos desfavorecidos no se vean penalizados".

París.- Los elevados costos de la educación privada y la escasa regulación de la misma por parte de los Estados está provocando un aumento de la desigualdad y la exclusión en la enseñanza, según el último Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Unesco.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destaca en su informe, titulado "¿Quién elige? ¿Quién pierde?", que numerosos países carecen de una reglamentación adecuada sobre la educación privada o no tienen capacidad de hacerla cumplir, "lo que socava la calidad y amplía la brecha educativa entre ricos y pobres".

Según el documento, un 40 % de los alumnos de pre-primaria, 20 % de primaria y 30 % de secundaria en el mundo acuden a establecimientos de enseñanza no estatales, desde escuelas gestionadas por organizaciones religiosas, hasta ONG, entidades filantrópicas y comerciales.

"Muchos países permiten que estas escuelas, en su mayoría no registradas, funcionen sin supervisión", destaca la Unesco en una nota a la prensa.

El informe establece que solo un 27 % de los países prohíbe explícitamente el lucro en las escuelas primarias y secundarias; más de la mitad vetan los procesos de selección de estudiantes en las escuelas; y sólo el 7 % tienen cuotas que mejoran el acceso a las escuelas de los estudiantes desfavorecidos.

La Unesco pide redoblar los esfuerzos para garantizar el acceso gratuito y financiado con fondos públicos a un año de educación preescolar y 12 años de educación primaria y secundaria para todos los niños y jóvenes.

"En la actualidad, uno de cada tres países dedica menos de un 4 % de su PIB a educación o menos del 15 % de su gasto público total, los referentes mínimos acordados internacionalmente", alerta.

Propone también establecer estándares de calidad que se apliquen a todas las instituciones educativas, estatales y no estatales; reforzar la capacidad gubernamental para realizar el seguimiento de la reglamentación y hacerla cumplir; fomentar la innovación junto a todos los actores educativos y proteger a la educación de los "estrechos intereses privados".

La organización precisa que solo la mitad de los países tienen reglamentación sobre la enseñanza privada.

"Los hogares de los países menos desarrollados dedican una cantidad desproporcionada de sus ingresos a la educación de los hijos. Los hogares representan el 39 % del gasto en educación en los países de ingresos bajos y medios-bajos, frente al 16 % en los países de ingresos altos", explica el comunicado.

Así, en los países con ingresos bajos y medios, el 8 % de las familias se ven obligadas a pedir dinero prestado para pagar la escolarización de sus hijos, cifra que llega hasta el 30 % en naciones como Uganda, Haití, Kenia y Filipinas.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay defendió que se necesitan "urgentemente mecanismos de financiación equitativos" para que "quienes viven en contextos desfavorecidos no se vean penalizados".