Caracas.- La Justicia de Venezuela ha otorgado un total de 8,084 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, informó este martes el presidente de la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma, el chavista Jorge Arreaza.
De ese total, 7,782 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales, mientras que 302 estaban encarceladas, según el diputado.
La comisión ha recibido 11,432 solicitudes válidas de revisión de casos, es decir, peticiones que cumplen los criterios establecidos en la legislación, y registra 16 amnistías más desde el último reporte del 20 de marzo.
Alcance y limitaciones de la ley
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años desde 1999 cuando el chavismo llegó al poder—, pero solo cubre personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en años específicos dentro de ese lapso.
Esto deja excluidos otros periodos, así como casos relacionados con operaciones militares y delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos, lo que ha generado críticas y dudas sobre su alcance.
Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.
Mientras tanto, activistas y familiares de presos políticos mantienen vigilias permanentes frente a varias cárceles del país, en medio de la incertidumbre sobre la aplicación real de la norma.
Presos políticos y medidas cautelares
La ONG Foro Penal, que documenta casos de detenciones arbitrarias y presos políticos en Venezuela, estima que aún quedan 503 personas detenidas por motivos políticos, incluidas 44 extranjeras o con doble nacionalidad, pese a las libertades concedidas en el marco de la amnistía.
Además, según el registro de esta organización, más de 11,000 personas permanecen sujetas a medidas cautelares y restricciones de libertad, lo que evidencia que una parte significativa de los beneficiarios no recupera su libertad plena completa.
Familiares y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de transparencia en la implementación de la ley y la ausencia de criterios claros para su aplicación.
Las vigilias frente a centros penitenciarios reflejan la presión social por la liberación efectiva de quienes consideran presos por razones políticas, y muchas voces piden que el proceso sea público, rápido y sin condiciones que limiten la libertad de los beneficiarios.
- Este debate se produce en un contexto en el que la amnistía es vista por algunos como un paso hacia la reconciliación, mientras que otros la critican por ser insuficiente y selectiva en su aplicación.
En suma, aunque miles han obtenido libertades plenas o cautelares, el proceso continúa generando tensiones y expectativas entre seguidores de la ley y críticos que demandan una implementación más amplia y transparente.