Caracas. – La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), calificó este viernes de “opaco” el anuncio sobre el aumento del ingreso mínimo integral realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La alianza señaló que el incremento a 240 dólares mensuales está compuesto principalmente por bonificaciones, sin incidencia en los beneficios laborales, lo que genera dudas sobre su impacto real.

En un comunicado, la PUD afirmó que el esquema confirma el fracaso del modelo económico, al mantener el ingreso de los trabajadores dependiente de decisiones políticas y pagos discrecionales.

Críticas al modelo salarial

El bloque opositor subrayó que ningún bono sustituye la dignidad del salario, basado en la productividad y la libertad económica, cuestionando la estructura actual.

Asimismo, aseguró que el Gobierno demuestra incapacidad para enfrentar la crisis económica, que continúa afectando el poder adquisitivo de los venezolanos.

La coalición reiteró su llamado a la unidad de la clase trabajadora para impulsar cambios que permitan una recuperación económica real en los ingresos familiares.

Reacciones y contexto laboral

Más temprano, el líder opositor Edmundo González Urrutia afirmó que trabajar en Venezuela no garantiza condiciones de vida dignas y exigió un salario mínimo justo.

El jueves, el Gobierno anunció que el ingreso mínimo integral alcanzará los 240 dólares mensuales, aunque sin detallar cuánto corresponde al salario base, que sigue congelado desde 2022.

Actualmente, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, equivalente a menos de un dólar mensual, lo que evidencia el deterioro del ingreso real.

Cuestionamientos y sistema de bonos

  • Organizaciones y activistas han calificado el anuncio como ambiguo, al no especificar la proporción entre salario y bonos dentro del nuevo esquema.

El coordinador de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, advirtió que es necesario analizar con cuidado el anuncio, debido a la falta de claridad en su aplicación.

En los últimos años, el Ejecutivo ha basado su política en bonificaciones, como el bono de alimentación y el denominado “ingreso de guerra económica”, sin impacto en prestaciones.

Antes del ajuste, estos beneficios sumaban cerca de 190 dólares mensuales, pagados en bolívares a la tasa oficial, manteniendo un sistema salarial altamente cuestionado.