Caracas.- Familiares y activistas de la ONG Surgentes de Venezuela denunciaron este jueves el deterioro de la salud de un grupo de más de 60 detenidos, entre ellos 19 de nacionalidad colombiana, acusados de ser parte de los llamados ‘tancol’, un acrónimo creado por las autoridades locales para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos».

Tenemos una lista de 17 personas con problemas de salud, algunos muy graves», dijo a la prensa Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, quien participó en una concentración frente a la sede del Ministerio Público en Caracas.

El activista aclaró que, «de manera general», todos los detenidos por esta causa «tienen problemas de salud» y ansiedad, a la vez que permanecen «en unas condiciones de reclusión que —consideró— no son las adecuadas».

Salud de los detenidos

Entre los problemas de salud que enfrentan los detenidos, mencionó enfermedades cutáneas y gástricas.

«Por lo menos (…) 17 personas podrían optar por una medida humanitaria», añadió González Plessmann, quien se encontraba acompañado de familiares.

Los parientes de los detenidos e integrantes de Surgentes acudieron a la Fiscalía para exigir celeridad en este proceso, ya que los acusados llevan entre cuatro y cinco años en prisión mientras enfrentan un juicio que sus allegados consideran injusto, debido a que niegan que tengan vínculos con los «tancol».

González Plessmann denunció que varios de los detenidos cumplieron la mayoría de edad tras las rejas y que solo dos de los 67 que tienen registrados por esta causa han logrado su liberación.

Sin embargo, Surgentes estima que son más de 200 los detenidos vinculados a los «tancol».

Denuncias sobre los ‘tancol’

El Gobierno venezolano creó el acrónimo Tancol para justificar el combate a cualquier actor armado que no fuera el ELN (sigla de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional), con quien tiene alguna alianza en la frontera y, en el marco de ese combate (…), terminó deteniendo a una gran cantidad de personas civiles ajenas al combate», remarcó.

Según el activista, esto se hizo para «mostrar números, para mostrar éxitos en la política de seguridad».

La mayoría de los detenidos, afirmó González Plessmann, son personas «muy pobres en términos económicos y muy excluidas en términos geográficos, porque están en zonas muy apartadas de la frontera».

Los casos comenzaron a conocerse este año en medio del nuevo contexto político y social de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Las familias «guardaron silencio por distintas razones, entre ellas el temor y la falta de recursos para movilizarse a Caracas«, apuntó González Plessmann.

La ONG ya ha pedido al Gobierno de Colombia interceder por la liberación de estas personas.