Caracas.- Venezuela esboza un plan para atender a las miles de personas que perdieron sus casas por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 4,333 muertos y 16,740 heridos, y prometió este sábado entregar las primeras 200 viviendas la próxima semana.
Cerca de 18,000 personas perdieron sus casas, un número que las autoridades creen que subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron, pero que sufrieron daños.
Censo y déficit de viviendas
Este sábado, según el Gobierno, comenzó un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira —el más afectado—, así como en las zonas donde hay personas esperando el diagnóstico de las inspecciones, con el fin de determinar cuántas casas se necesitan.
Según cálculos iniciales, se requerirán 25,000, señaló en una rueda de prensa el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien aseguró que su hermana y mandataria encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas «la próxima semana», sin dar más detalles.
El jefe de la Asamblea Nacional (AN) indicó que 90 de los 94 campamentos fueron habilitados en escuelas donde actualmente no hay clases, pero que deben ser desalojadas a más tardar el próximo septiembre para el comienzo del nuevo período académico.
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Por tanto, explicó que las autoridades trabajan «aceleradamente» en la creación de «campamentos unifamiliares» temporales, así como en la «rápida» culminación de viviendas que estaban siendo construidas por el Estado y en la compra en el mercado secundario.
Medidas para reubicar a damnificados
Además, anunció que el Parlamento, controlado por el chavismo, reformará la ley de arrendamientos, que calificó de «muy regresiva», para que los propietarios «no sientan ningún tipo de temor de alquilar sus viviendas».
Rodríguez aseguró que 200,000 «no están siendo alquiladas».
En este sentido, las personas que hoy están en escuelas estarán, a partir de septiembre, en una casa alquilada, terminada o comprada por el Estado, o en «unas especies de viviendas de transición unifamiliares mientras se les construye la definitiva».
El diputado explicó también que hay una «búsqueda acelerada de espacios para construir ciudades y viviendas antisísmicas».
Según el alto funcionario, un sobrevuelo en la región devastada de La Guaira permitió ubicar más de 40 terrenos que suman 584,000 metros cuadrados para la construcción de edificaciones bajas.
Esta semana, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, dijo a EFE desde La Guaira que el plan del Gobierno venezolano, apoyado por Naciones Unidas, consiste, entre otros, en llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional.
Fletcher aseguró que la organización multilateral ya está «recaudando dinero» para la puesta en marcha del plan.
El diputado dijo que la jefa de Estado está «enviando cartas a otros países donde se encuentran activos retenidos que pertenecen a Venezuela» y que, además, está «en este momento haciendo todo ese proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido».
De otra parte, Rodríguez aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar y rechazó que estén siendo enterrados en fosas comunes.
En ese sentido, explicó que en el cementerio La Esperanza, a unos 25 kilómetros del núcleo urbano de Catia La Mar (una de las zonas afectadas), se están enterrando estos cuerpos después de haberles sido tomadas muestras para su identificación futura.
EFE pudo constatar el viernes, desde la distancia, que en ese cementerio se está trabajando para una ampliación que tenga capacidad para «unas 2,000 o 3,000 tumbas» más, según dijo un trabajador.
Además, el proceso de sepultura se está realizando en varias hileras, donde en cruces blancas se coloca el nombre o un número para los no identificados, además de flores y piedras que delimitan el nicho.
Rodríguez también atajó las críticas de que el proceso de desescombro está siendo lento, alegando que precisamente así debe ser, pues el Gobierno aún confía en que pueda haber gente con vida sepultada.
Este sábado, el Gobierno de Venezuela reaccionó «con extrañeza» a las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien el viernes aseguró que «la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla» su país, «con todo lo que ello implica».
Caracas reafirmó que es su competencia «exclusiva» planificar y liderar la reconstrucción, para lo que ya «ha activado» a sus empresas públicas, industria nacional y sector privado.
El presidente del Parlamento también rechazó esas declaraciones: son «una barbaridad».
De la Espriella aclaró este sábado que no ha planteado «desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades».
