Caracas. -El Gobierno de Venezuela estima que será necesario construir unas 25,000 viviendas para atender a las más de 17,900 personas que perdieron sus hogares, como consecuencia de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, informó este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Plan de reconstrucción y financiamiento
Durante una intervención pública, Rodríguez aseguró que el Estado requerirá importantes recursos económicos para ejecutar el plan de reconstrucción y sostuvo que parte de esos fondos podrían provenir de activos venezolanos que, según el Gobierno, permanecen «ilegalmente retenidos» en el exterior a causa de las sanciones internacionales.
El dirigente oficialista afirmó que la magnitud de los daños obliga a acelerar la recuperación de las comunidades afectadas y garantizar una respuesta habitacional para las familias que quedaron sin techo tras los movimientos telúricos.
Daños, albergues y respuesta oficial
Los sismos del 24 de junio provocaron severos daños en viviendas e infraestructura en distintas zonas del país, dejando miles de damnificados y obligando a numerosas familias a refugiarse en albergues temporales mientras avanzan las evaluaciones de las autoridades.
El Gobierno venezolano ha señalado que la reconstrucción forma parte de un plan integral para restablecer los servicios básicos y recuperar las áreas más afectadas. Sin embargo, insiste en que las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países limitan el acceso a recursos financieros necesarios para afrontar la emergencia.
Choque por sanciones y recursos
Por su parte, sectores de la oposición y gobiernos occidentales sostienen que las sanciones están dirigidas principalmente contra funcionarios y entidades estatales, y atribuyen la crisis económica y las dificultades para atender este tipo de desastres a problemas estructurales de gestión y al prolongado deterioro de la economía venezolana.
Los terremotos del 24 de junio se encuentran entre los eventos sísmicos de mayor impacto registrados recientemente en Venezuela y reavivaron el debate sobre la vulnerabilidad de las construcciones, la preparación ante desastres naturales y la capacidad de respuesta de las instituciones frente a emergencias de gran magnitud.