Parlamento venezolano aprueba reforma de ley judicial acordada con oposición en el diálogo
El Parlamento venezolano aprobó una reforma judicial que amplía el comité de postulaciones del TSJ, aumentando la participación de la sociedad civil.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que consiste en ampliar el comité de postulaciones que evaluará a los próximos jueces y magistrados que deben ser designados, tal y como lo acordaron el Gobierno y la oposición en el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos.
La reforma fue aprobada unánimemente y sin objeciones, y ahora el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por 23 personas, 11 de ellas diputados y 12 representantes de la sociedad civil, en vez de 21, como estaba establecido anteriormente. Además, tendrá un funcionamiento por un período de dos años, según la ley.
La modificación eleva la participación de la sociedad civil en el comité, lo que, según sectores opositores, podría ayudar a otorgar más equidad e independencia para el nombramiento de los próximos magistrados que, según lo acordado en el diálogo, deben ser cambiados en su totalidad.
El primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante, explicó el jueves pasado que, con esta modificación, se reiniciará el proceso de renovación de magistrados del TSJ, que había comenzado en abril pasado y que estaba en la fase de revisión de credenciales y de impugnaciones cuando ocurrió el doble terremoto del 24 de junio.
Esta es la segunda reforma de la ley del TSJ este año, luego de que en mayo el Parlamento aprobara una que aumentó de 20 a un total de 32 el número de magistrados del máximo tribunal, actualmente encabezado por la chavista Caryslia Rodríguez y señalado por organizaciones no gubernamentales y la oposición como afín al oficialismo.
El pasado 12 de agosto, el chavismo y la oposición decidieron reformar la ley y renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo como parte de los primeros acuerdos alcanzados en la mesa de negociación.
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, en enero pasado, el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó un proceso de cambios en las instituciones, entre ellos, en el ámbito judicial.