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Nadie sabe cuál sería el costo del calvario de Punta Catalina

Nadie sabe cuál sería el costo del calvario de Punta Catalina
Juan Bolívar Díaz

El costo económico y político de las emblemáticas plantas de carbón de Punta Catalina del presidente Medina se incrementa con el abono de otros US$336 millones a la constructora Odebrecht, y ya podría alcanzar los 3 mil millones, superando los peores vaticinios.

El anuncio unilateral de que el gobierno abonará US$336 millones a la constructora Odebrecht para concluir las infortunadas plantas de carbón de Punta Catalina, apunta a reconocer sino la totalidad al menos gran parte del sobre costo de 708 millones reclamado, en la mayor inversión nacional, saturada de opacidades y conflictos desde su origen.

Las proyecciones de los mayores críticos llevan su costo sobre los US$3 mil millones, un volumen escandaloso convertido en el gran calvario del presidente Danilo Medina, empeñado en concluirla antes de un año y medio de retraso para paliar una nueva crisis energética, y alejarla del próximo proceso electoral.

Generosidad con Odebrecht
El anuncio unilateral, de “un fondo de contingencia” para entregar US$336 millones adicionales a Odebrecht para que concluya las plantas de carbón de Punta Catalina, es otro acto de extrema generosidad del gobierno con la constructora que empieza a reconocer el sobrecosto reclamado de US$708 millones, con una tentativa rebaja que se adelantó el 2 de septiembre del 2017 en el análisis “Las plantas Catalina ser convierten en calvario del presidente Medina”.

Desde antes de oficializarse el adicional, se decía que sería de entre 300 y US$500 millones, pero se habría acordado pedir 708 para dejar un margen de reducción que permita al gobierno “amortiguar el golpe de cara a la opinión pública”. Amparándose en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite un incremento hasta el 25% de los contrato, en este caso de US$1,945millones, podrían transarse por US$486.2 millones, antes o después del fallo sobre el recurso ante una corte de arbitraje internacional en Nueva York.

Aunque se estableció un precio definitivo, en el contrato se incluyó un artículo 9.1 indicando que “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del Contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Y en efecto, luego indica que cualquier aumento de precio tendrá que ser sometido a aprobación de la Vicepresidencia de la CDEEE, derivando al gobierno la responsabilidad del costo de implementar “medidas de protección, contención y remediación derivadas del posible impacto ambiental” En esa dirección van los reclamos de Odebrecht que se refieren a “condiciones oceanográficas imprevistas”, aumento de altura del muelle, modificación del puente de acceso y de planos. Los expertos dan por hecho de que saldría gananciosa del arbitraje, sino en su totalidad, en gran parte, y en última instancia negociaría rebaja.

Sobre US$3 mil millones
Desde el principio, los mayores críticos del contrato vaticinan que las plantas terminarán costando cerca de US$3 mil millones, entre ellos los expertos energéticos Eulogio Santaella, Antonio Almonte, los economistas José Rijo, Juan Lladó y Pedro Silverio y el Comité de Lucha contra el Cambio Climático. Pero ya algunos creen que sobrepasará ese monto. Las cifras oficiales siguen sin la menor transparencia, y aunque la CDEEE sostiene que a las plantas le faltan sólo un 5% para concluirse y que está casi para iniciar pruebas, los 336 millones adicionales, representan el 17% de lo contratado.

A una solicitud de información de la diputada del PRM Faride Raful, en diciembre del 2016, la CDEEE dijo que habían pagado US$1,316 millones y que tenía 179.9 millones en hitos ya facturados, y otros 724.2 por facturar, lo que totalizaría US$2,220 millones. A lo pagado hasta 2016, Rijo le suma 670 millones en el 2017 (600 de bonos soberanos) y 334 millones en el 2018, provenientes de bonos globales, bonos internos y del fondo general, lo que totalizaría US$2,320 millones, que con los 336 llegarían a US$2,656 millones y si pagan los 708 millones reclamados, ya sumarían US$3,028 millones, sin el costo de los terrenos y obras físicas conexas, de los intereses del período de construcción, seguros y enorme gasto publicitario.

El costo cercano o superior a los US$3 mil millones es de cualquier forma dramático para Eulogio Santaella, quien documenta que la asociada de Odebrecht como subcontratista en Punta Catalina, firmó dos contratos para plantas de carbón en Brasil a mitad del precio de aquí. Una en Porto di Itaqui, de 360 mws. por US$494 millones, y otra en porto do Pecem, de 720 mws. por US$910 millones. El experto recuerda que la licitación que anuló Medina en el 2010 implicaba la inversión privada de US$3,000 millones para generar 1,500 mws.

En México, la empresa española Iberdrola construye dos plantas en los estados de Nuevo León y Sinaloa con inversión propia de 800 millones para generar 1,737 mws. En base a gas natural. El único compromiso del Estado es comprarle la energía al precio del mercado.

Odebrecht no cumple nada
Contrasta la generosidad del gobierno con Odebrecht, a la que sólo multó por la confesión de sobornos y no ha hecho ningún esfuerzo por auditar para ver si en el país siguió su confesado patrón de sobrevaluaciones del 22 por ciento. La revisión del contrato indica que la constructora no ha cumplido nada de lo fundamental, ni en los costos ni en la fecha de entrega, que era en septiembre del 2017 y que ya pasa del año en retraso, con proyección de llegar a los 18 meses. Al formular su reclamo de costo adicional, prometió qjue entregaría la primera planta en febrero del 2019 y la segunda en mayo. A ese tiempo se encamina si las pruebas de la primera comienzan en diciembre próximo.

La empresa brasileña falló también en conseguir los financiamientos. El Eximbank se negó a invertir en carbón, el Banco dce Desarrollo de Brasil no pudo aportar lo prometido por el escándalo que pratagonizó la misma Odebrecht y que terminó afectando también elunos US$ 650 millones de financiamiento comprometido por un pool de bancos europeos, los cuales llegaron a desembolsar cerca de la mitad, de los que 80 millones se destinaron a pago de seguros. Eso obligó al Estado a elevar su endeudamiento para no paralizar la mega obra.

Mientras la empresa va al arbitraje internacional reclamando un incremento del 36% sobre lo contratado, el gobierno no le aplica las cláusulas de penalidades por retraso, que a un máximo del 10 por ciento implicaría US$194 millones. La comisión especial que creó el presidente Medina para indagar sobre la contratación no sólo concluyó en que no deben pagar un solo peso más, lo que en palabras el gobierno dice sustentar, sino que también dejó constancia de que cada mes de retraso en la conclusión de la obra implica 25 millones de d´+olares de pérdida, por 18 meses totalizarían US$450 millones.

Salir pronto del calvario
Para el gobierno y los intereses políticos del presidente Medina, lo prioritario es salir lo más rápido posible del laberíntico calvario de las plantas de Punta Catalina. De ahí el adelanto de los US$336 millones, sabiendo que el contrato dejó margen legal para el sobrecosto. Se trata de conseguir que el inicio de la generación aporte su cuota al mejoramiento del servicio energético antes de que entre de lleno el año 2019 en que se definirán muchos asuntos de cara a las elecciones del 2020, más aún con la actual crisis de apagones aunque más financieros que de oferta.

Es que las Plantas Catalinas fueron convertidas en la obra emblemática del actual gobierno, y ya tiene una carga muy grande de costo político, pues las encuestas y la percepción generalizada indican que hubo favoritismo y corrupción en su contratación, y el presidente Medina se involucró en el proceso desde sus viajes a Brasil, hasta sus conversaciones con los expresidentes brasileño Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Más temprano que tarde, los costos totales y reales de la construcción tendrán que ser aireados y reconocidos, así como la carga de deuda e intereses que dejan y que pudieron ser evitados dejando que continuara la licitación que Medina encontró en marcha al asumir el gobierno en el 2012, que por demás preveía que las plantas, de carbón y gas natural, estarían en servicio en el 2016. Ya las Catalina son un peso muerto para Danilo Medina, y lo serán peor cuando todo quede en la transparencia, hasta ahora evadida.

El oscuro calvario de las plantas de carbón
* Danilo Medina inicia su gestión suspendiendo anulando una licitación ya con empresas precalificadas que invertirían en plantas por mil kws. Sin costo financiero para el Estado
* Una nueva licitación desestima las plantas de gas natural, más eficientes por las de carbón que están en proceso de desmantelamiento
* El comité de licitación dominado por la CDEEE y los dos integrantes externos rechazan otorgarla a Odebrecht al quedar con un solo concursante, querían otro siquiera “virtual”
* En la licitación la empresa constructora garantiza el financiamiento y a precio fijo, pero en el contrato queda bajo responsabilidad del Estado y con posibilidad de escalamiento
* Fracasa el financiamiento por el Eximbank USA, Bndes, Brasil y queda a medias el de un pool de bancos europeos
* Se hacen cálculos sobre rendimiento bruto de 720 mws, pero el neto sería 674
* La fecha original de entrega 7 de agosto y de octubre del 2017, concluiría en el 2019
* La mayor inversión estatal se hace en terreno privado, sin completar estudios de suelo y costa
* Tras el escándalo Odebrecht, la Procuraduría dice que hubo sobornos en todas sus contrataciones, luego rectifica que en las plantas sólo para la aprobación y acusa un único senador
* DM designa una comisión para investigar la licitación y denuncias de sobrevaluación, pero presidida por un directivo de la empresa Estrella, asociada de Odebrecht
* La Procuraduría firma un acuerdo de impunidad con Odebrecht, sin hacer auditoría
* El sector privado no responde la oferta de inversión en las plantas en reunión y en discurso de DM
* Odebrecht reclama US$708 millones adicionales al contrato de 1,945 millones, con exenciones impositivas. Le adelantan US$336 millones
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