El retraso en la búsqueda de un acuerdo consensuado para un aumento salarial está creando una situación de tensión social, agravada por el hecho de que hasta ahora no se vislumbra una posible avenencia en ese crucial proceso.
La reiterada posición de las autoridades oficiales, principalmente del Ministerio de Trabajo, de permanecer fuera de esas negociaciones, no contribuye en nada a facilitar un convenio o por lo menos a sentar las bases para alcanzarlo.
Aunque la intención esté dirigida a que patronos y trabajadores puedan debatir libremente sus posiciones sin necesidad de mediación, a nivel de opinión pública esta actitud tiene diversas interpretaciones muy alejadas de ese objetivo.
Por ejemplo, se piensa que es una forma de actuación irresponsable, como la de aquel pasaje bíblico de Pilatos lavándose las manos ante la multitud que clamaba por la crucifixión del Mesías.
Es cierto que el Comité Nacional de Salarios sólo tiene competencia legal para dictaminar en este tipo de renglón y que, en consecuencia, nada puede decidir en lo referente a un incremento general, como el que plantea insistentemente el sector sindical. Aún así, el papel del Ministerio de Trabajo no puede sustraerse bajo ninguna circunstancia de lo que acontece en las actuales posturas, que no han llegado propiamente a crear los lineamientos para una negociación formal.
Hasta ahora más bien lo que se han producido son pronunciamientos por separado, cada sector aferrado invariablemente a sus argumentos, lo que impide iniciar una apertura favorable a un diálogo razonable para un posible entendimiento.
Otro elemento que obstruye el proceso es la paralela discusión en torno a los cambios que se proyectan introducir al Código de Trabajo, específicamente en lo que tiene que ver con la cesantía y otros aspectos que los gremios consideran conquistas de la clase trabajadora que no deben modificarse.
Sin embargo, en un debate sereno en que no pueden ignorarse ninguna de las exposiciones de las partes envueltas, también es conveniente observar detenidamente el fundamento de lo planteado por los patronos, en el sentido de que con el actual Código no es posible mantener los actuales empleos.
Hay que ponderar, sin pasión ni posiciones inflexibles, tanto los argumentos de los trabajadores de que con los actuales niveles salariales es imposible vivir dignamente, como la posición de los empleadores de que el porcentaje de aumento planteado no es compatible con la rentabilidad de las empresas y el estado de sus economías.
Sin renunciar a sus intereses y puntos de vista particulares, por muy pertinentes y legítimos que sean, ambos sectores deben entender que tienen, o deberían tener, el compromiso de evitar que un fracaso en los contactos pueda generar una situación capaz de atentar contra la paz social.
A modo de sugerencia e invocando los resultados históricos del diálogo tripartito en materia laboral y de salarios, no debería descartarse la intervención de un mediador independiente y genuinamente identificado con los supremos intereses nacionales.
Para ese vital objetivo no hay mejor prospecto que la figura de monseñor Agripino Núñez Collado, quien ha tenido el don de librar al país de episodios turbulentos. Aunque en esta oportunidad no está ajeno al presente drama, se le debería llamar para una incorporación activa, porque él está siempre presto a actuar cuando está en juego cualquier amenaza a la estabilidad nacional
