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¡No a la censura!

Argumentando peregrinas ideas que no tienen sustento en la realidad sobre las causas sociales de la violencia, de tiempo en tiempo surgen movimientos que pretenden responsabilizar de ese fenómeno a los medios de comunicación.

La tesis es que si las noticias acerca de hechos violentos no se publicaran, esta grave problemática que lleva angustia, dolor e inseguridad a la familia y la sociedad disminuiría y paulatinamente no llegaría a existir.

Nadie puede negar que los temas que divulgan los medios influyen en el pensamiento y también en las acciones de los diferentes públicos, pero postular que la violencia dimana preponderantemente de lo que se difunde equivale a no analizar tan delicada cuestión con rigor y seriedad.

Imbuidos por planteamientos sin más asidero que proyecciones puramente especulativas, en el país se pretende ahora, mediante un proyecto de ley, prohibir a los medios de comunicación difundir contenidos violentos.

Semejante pretensión es a todas luces inadmisible por violentar principios básicos de la Constitución de la Republica, que garantiza la difusión de informaciones sin sujeción a censura previa.

En consecuencia, los legisladores tienen que analizar detenidamente este punto ante la propuesta de la diputada de Ocoa, Esther Minyety, para que se establezcan regulaciones a lo difunden los medios.

En realidad, lo que subyace detrás de iniciativas de este tipo es la intención de coartar el libre ejercicio periodístico, fruto de una mentalidad autoritaria que no tolera juicios críticos ni amplitud de miras en el debate público.

Estamos pues, ante un inminente peligro de introducir controles que vulneran el derecho del público a recibir informaciones sin cortapisas ni imposiciones oficiales, principio que es fundamental para la existencia de una auténtica democracia.

Sin ignorar la realidad, por amarga o violenta que sea, los medios tienen la obligación de cuidar la presentación de sus contenidos para que no estimulen el morbo y exacerben las pasiones, pero esto debe provenir de una autorregulación basada en la razón y el equilibrio y no en la pretendida regulación de la diputada Minyety.

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