SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento cívico Participación Ciudadana pidió al presidente Luis Abinader, en su condición de comandante en jefe de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, realizar una reforma integral de los cuerpos militares y policiales para transformar la imagen de carente de transparencia, que manejan los recursos públicos de manera arbitraria, sin sujeción a las normas y en beneficio de cúpulas que exhiben fortunas y estilos de vida que no pueden justificar.
A través de una rueda de prensa, declaró, además que no es de ahora que se denuncia que en los cuerpos militares y policiales se compran y venden los ascensos y las posiciones como acceso a recursos públicos y privados.
También agregó, se compran y asigna pensiones desproporcionadas y se cobran peajes a cambio de protección a delincuentes.
Afirmó que otra denuncia, que se hace desde hace tiempo, es que algunos comandantes realizan recortes fraudulentos en los viáticos y la alimentación, en perjuicio de los servidores más vulnerables, y que tampoco respetan las normas que rigen las compras y contrataciones.
“Numerosas modalidades de corrupción son señaladas como prácticas cotidianas en organismos que están llamados a ser ejemplo de honestidad y patriotismo. En todos los escándalos relacionados con el crimen organizado han salido evidencias de que criminales cuentan con elementos infiltrados y la protección activa de militares y policías de todos los rangos. Basta recordar los casos de José David Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, Quirino Ernesto Paulino Marmolejos, Ramón Antonio del Rosario Puente (alias Toño Leña), César Emilio Peralta (alias César el Abusador), entre otros”, destacó el Consejo Nacional.
El movimiento cívico, saludó los esfuerzos que viene realizando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los últimos meses bajo el liderazgo de su presidente el Contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, donde se han anunciado cifras récord en la incautación de drogas, sin embargo, afirmó que estos esfuerzos quedan cortos, ya que no se han desmontado desde la raíz las redes del tráfico ilícito de estupefacientes ni se conocen los culpables, sus beneficiarios finales ni sus padrinazgos.
Es preocupante para Participación Ciudadana que a más de ocho meses del cambio de gobierno no se haya visto indicador alguno de que estas prácticas corruptas estén en vías de ser eliminadas. Tampoco se han iniciado las auditorías correspondientes. El país no puede seguir aceptando desmentidos oficiales y promesas de que no se sigue haciendo lo mismo. Una cultura sistémica, contraria a los valores éticos como la que estamos señalando, no desaparece sin que se realicen cambios profundos y valientes, sin que se investigue y se someta a la justicia a las personas responsables de instalar y mantener esas estructuras.
“Estamos cansados de escuchar que jefes militares o policiales locales, así como otros rangos medios y bajos, vinculados a crímenes, delitos de corrupción o atropellos son trasladados a otra localidad donde nuevas poblaciones son sometidas a los mismos abusos. Los pocos que reciben sanciones son llevados a cárceles militares en las que se burlan de la sociedad manteniendo sus privilegios”.
“Tampoco podemos aceptar que se espere que el Ministerio Público asuma toda la responsabilidad en el combate de estas prácticas. Es necesario actuar de manera preventiva y educar en materia de ética, integridad y transparencia a las instituciones armadas. Desde el Comandante en Jefe hasta cada oficial son responsables de que esta cultura cambie, y de que nuestros militares y policías pasen a ser percibidos como honestos y sean respetados por la ciudadanía”, sostiene el movimiento cívico.
Numerosas encuestas nacionales e internacionales, incluyendo el último Barómetro Global de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, muestran que en el país la confianza en las instituciones llamadas a velar por el orden y la seguridad es muy baja. Para restituirla se requieren cambios más allá de los nombres de los incumbentes que han incurrido en infracciones y faltas a su juramento de proteger la nación. Estas instituciones deben abrirse al escrutinio público. No existe en la Constitución y las leyes excepción alguna a la ética y la transparencia administrativa, y no podemos esperar del gobierno ni de los altos mandos ninguna conducta que propenda a mantener la impunidad y la creencia de que los militares y policías están por encima de las leyes.
Participación Ciudadana hizo un llamado al ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, para que retire su carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, en la que pide modificar el proyecto de Código Penal para excluir a los militares de la aplicación del mismo. Esta petición contradice la sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0350/19, la cual estableció “que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico”. Resulta inconcebible pretender que en momentos de compromiso con el fin de la impunidad se pretenda volver al pasado.
Participación Ciudadana dijo que espera que el presidente Abinader no acepte chantajes de quienes advierten o propalan que las acciones de saneamiento de las fuerzas armadas y la policía podrían ser respondidas con desestabilización política o del orden institucional. Por el contrario, el gobierno que se atreva a emprender esta impostergable tarea contará con el respaldo de la ciudadanía, de los miembros honestos de las instituciones militares y policiales que también son víctimas de las prácticas delictivas y de todos los sectores de la vida nacional que aportan para construir un mejor país.