Pecan a nuestro juicio de exagerado pesimismo quienes de manera anticipada afirman que las investigaciones que se están llevando a cabo en el plano nacional por la Procuraduría General de la República por el escandaloso caso de la Odebretch, no pasan de ser una simple cortina de humo para dar tiempo a que se apague el fuego generado por su confesada entrega de sobornos para la asignación de obras ejecutadas o que tiene en proceso de realización en el país. Este dista de ser uno de los tantos expedientes por presuntos actos de corrupción que permanecen estancados en nuestro tan dudoso sistema de justicia.
Pecan, también a nuestro parecer, de desbordado optimismo, quienes desde la acera de los involucrados en el hecho, tanto el clásico hombre del maletín, encargado de recibir y distribuir los 92 millones de dólares de los sobornos, como los que recibieron estos, al pensar que, una vez más, como en tantos casos anteriores, con el transcurrir de los días el tema perderá actualidad, quedará sepultado en el recuerdo cada vez más lejano del pasado y con ello, se librarán de verse sentados en el banquillo de los acusados y la merecida sanción que debe recaer sobre ellos, tanto la devolución del dinero recibido como la obligada pena carcelaria.
Quizás estemos pecando de ilusos o en extremo ingenuos al suscribir estas afirmaciones tan categóricas. Pero estamos absolutamente convencidos de que será así. De que no hay manera posible de que resulte de otro modo.
El escándalo es demasiado grande para poder ignorarlo. Tan ruidoso que imposible tratar de acallarlo. La estructura de soborno y corrupción montada por la constructora brasileña es de tal magnitud y presenta tantas ramificaciones que no hay modo de encubrirla.
El solo hecho de que las investigaciones sobre los aspectos dolosos de este complejo entramado de pillería internacional estén a cargo de la justicia brasileña, es ya de por sí un sello de garantía de que el caso no va a pasar de moda ni a quedar impune.
Los fiscales del país sudamericano que comenzaron por destapar el escandaloso expediente de corrupción de Lava Jato involucrando a PETROBRAS y con el, posteriormente, los de la compra de los Supertucanos a la empresa Embraer, donde también medió una coima de 3.5 millones de dólares aquí y una suma aparecer mayor en la Argentina y el de mucha mayor magnitud de la Odebretch, han dado claras demostraciones de su independencia, valor y tenacidad.
Las han dado también los jueces a quienes no les ha temblado el pulso al momento de imponer sanciones a los responsables. De testimonio convincente bastaría citar los casos de José Dirceu, quien fuera la mano derecha del ex presidente Lula da Silva durante su gobierno, condenado a veinte años de prisión y del poderoso magnate Marcelo Odebretch, también cumpliendo una larga sanción carcelaria.
De seguro no hay manera de apagar el fuego, acallar el ruido ni sepultar en el pasado el escándalo de Odebretch, y temer unos o pretender los otros que terminará sin consecuencias. Tarde o temprano, como acaba de proclamar el fiscal brasileño, de visita en el país, Carlos Bruno Ferreira da Silva, vinculado directamente a las investigaciones, “el dinero debe volver a nuestros países y los culpables ir a prisión”.
Por más que se pretenda no hay modo de impedirlo. Pretenderlo pudiera tener un costo demasiado elevado: tanto como poner en grave riesgo la institucionalidad y cometer un suicidio político.