Redacción internacional.- Las intensas lluvias provocadas por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) han devastado la Comunidad Valenciana, causando al menos 62 muertes y dejando una estela de destrucción en varios municipios. Las precipitaciones, que alcanzaron más de 400 litros por metro cuadrado en localidades como Chiva, inundaron rápidamente calles y viviendas, dejando a personas atrapadas en sus vehículos, hogares y lugares de trabajo.
Fallas en el sistema de emergencias y la respuesta tardía
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado la alerta roja desde primeras horas de la mañana, y a las 12:30 horas, los servicios de emergencia alertaron sobre el riesgo. Sin embargo, no fue hasta las 20:12 horas que Protección Civil emitió una alerta generalizada en la que se advertía a la población de evitar desplazamientos en Valencia. Para ese momento, cientos de personas ya se encontraban atrapadas y algunos recurrían a redes sociales para pedir ayuda, denunciando la falta de respuesta del número de emergencias 112.
“Llevan horas ahí y emergencias no responde”, escribía un usuario sobre un grupo atrapado en Benetússer. La Generalitat defendió que el 112 estaba operativo, pero los usuarios criticaron la saturación del servicio. Este colapso fue atribuido a la falta de personal y a las condiciones laborales del servicio, que desde hace meses denuncia un alto absentismo y bajas sin cubrir, afectando su capacidad de respuesta.
La crisis ha reavivado las críticas sobre la gestión de emergencias de la Generalitat, especialmente por la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), suprimida en 2023 por la administración de Carlos Mazón. Esta unidad, creada por el anterior gobierno de coalición, tenía como objetivo fortalecer la respuesta ante desastres naturales, aunque fue eliminada bajo el argumento de ser una “duplicidad innecesaria”.
Diputados del PSOE, como José Zaragoza y Luisa Sanz, denunciaron la decisión de suprimir la UVE, argumentando que su eliminación ha afectado la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia como la actual. La Generalitat, por su parte, insistió en que la UVE solo era “un organismo ficticio” sin recursos ni personal adicional, afirmando que su existencia no mejoraba la eficacia de los servicios de emergencia.
Con barrios enteros anegados y ríos desbordados, los equipos de rescate continúan trabajando para ayudar a los afectados, a pesar de la situación caótica. Las imágenes en redes sociales muestran personas atrapadas en vehículos y trabajadores de supermercados e Ikea varados en sus lugares de trabajo. En algunas áreas, el agua arrastró vehículos, escombros y materiales urbanos, lo que complicó aún más las labores de rescate.
Este evento catastrófico se ha posicionado como uno de los peores desastres naturales en la historia reciente de España, dejando un fuerte cuestionamiento sobre la preparación y capacidad de respuesta de la administración pública ante fenómenos climáticos extremos.