Legisladores advirtieron que las iniciativas deben incluir un protocolo riguroso que evite los errores cometidos durante el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Tras la difusión de los acuerdos del Consejo Económico y Social, sobre la crisis en Haití, diversos sectores sociales y políticos han solicitado acelerar su implementación. Consideran que estas medidas son necesarias para contener la migración irregular y establecer mecanismos claros para regular la mano de obra extranjera.
En esa misma línea, legisladores advirtieron que las iniciativas deben incluir un protocolo riguroso que evite los errores cometidos durante el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Alertaron que sectores como la construcción y la agricultura podrían sufrir graves consecuencias si no se otorga un estatus legal a los migrantes que ya laboran en el país.
Mientras tanto, grupos nacionalistas, como la autodenominada "Antigua Orden", amenazan con realizar protestas si el gobierno formaliza el estatus de trabajadores extranjeros en situación irregular.
Los primeros ejemplares del pasaporte electrónico ya están en el país, según informó el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez Uribe. El nuevo documento contará con más de 70 medidas de seguridad para prevenir alteraciones y falsificaciones, mejorando así su confiabilidad.
Ramírez detalló que se realizarán pruebas técnicas para verificar el funcionamiento del chip electrónico, la validación de la información biométrica y el cumplimiento de las normas internacionales emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Aunque el avance es significativo, la Dirección de Pasaportes aún no ha comunicado una fecha oficial para la entrada en vigencia del nuevo documento.
El Congreso Nacional, trabaja a contrarreloj en la aprobación de dos reformas legales fundamentales: el nuevo Código Procesal Penal, tras la anulación de la versión anterior por el Tribunal Constitucional, y el Código Civil, que sustituirá una normativa vigente desde hace más de 100 años.
Ambas reformas buscan modernizar el sistema legal del país y están siendo discutidas por comisiones especializadas para cumplir con los plazos constitucionales y las demandas de diversos sectores.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General, desarrollan un proyecto para actualizar la Ley 50-88, vigente desde 1988, según confirmó el presidente del organismo, José Manuel Cabrera Ulloa.
El funcionario también informó que han reforzado la vigilancia en puertos y aeropuertos, incorporando más personal, tecnología y unidades caninas con el objetivo de mejorar la detección y control de sustancias prohibidas.
Preocupación generaron entre residentes de Los Alcarrizos los videos que muestran el desprendimiento de concreto y signos de porosidad en al menos una de las columnas de la ampliación del Metro. Mientras el Codia aún no inicia el estudio forense que había anunciado, la OPRET ofreció una explicación técnica.
Según la institución, la situación fue causada por un cambio en la densidad del hormigón, identificado previamente mediante ensayos especializados. Para corregirlo, retiraron de forma parcial la camisa de acero de la columna afectada e iniciaron la reparación con materiales certificados.